Desde la década de 1990, el sistema italiano público de pensiones ha experimentado cambios profundos. Con el aumento gradual de la esperanza de vida, que determina una extensión del período de pago de pensiones, y la desaceleración del crecimiento económico, las reglas para determinar las pensiones también se han revisado de acuerdo con las necesidades de sostenibilidad de las finanzas públicas. En particular: 1) tanto la edad requerida para jubilarse como la edad mínima de cotización se han elevado; 2) el monto de la pensión se ha vinculado: a variables tales como el monto de contribuciones pagadas durante toda la vida laboral y ya no a los últimos salarios recibidos; al crecimiento del Producto Interno Bruto o a la "esperanza de vida" al momento de la jubilación; y 3) una vez pagada, la pensión se revalúa únicamente en función de la inflación. Estos cambios significan que, con el tiempo, las nuevas pensiones, en relación con la última remuneración recibida (la "tasa de reemplazo"), serán más bajas que las de los pensionados actuales. Esta es la razón principal por la que se agrega un segundo pilar a las pensiones obligatorias: la provisión social complementarias. Concretamente, ésta, además de permitir la posibilidad de obtener una renta complementaria, representa una oportunidad de ahorro que con que enfrentar cualquier dificultad personal y laboral con mayor serenidad, facilitando también la salida del mercado laboral y la transición a la Jubilación.