La Reforma de la Ley de dependencia se aprueba en el Congreso: estas son las novedades
El Congreso de los Diputados ha aprobado el 14 de julio la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, que pasará ahora al Senado para su tramitación.
Esta Reforma supone uno de los mayores cambios en materia de Dependencia desde la aprobación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
La nueva normativa busca refundar el sistema público de cuidados, dejando atrás el modelo asistencialista para situar la autonomía y los derechos de las personas en el centro de la atención.
Entre las principales novedades se encuentran la ampliación de la figura del cuidador no profesional, la mejora y ampliación del servicio de ayuda a domicilio, una mayor flexibilidad para compatibilizar prestaciones y servicios, así como el reconocimiento de nuevos derechos para las personas en situación de dependencia.
Detallamos a continuación las principales novedades que introduce esta reforma.
El Estado asumirá el 50% del gasto en dependencia
Una de las principales medidas de la reforma es el blindaje de la financiación estatal. La nueva ley garantiza que la Administración General del Estado (AGE) cubra, como mínimo, el 50% del gasto total del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Hasta ahora, esta aportación del Estado estaba en torno al el 27% de media, dejando la mayor parte de la carga financiera en las comunidades autónomas.
Para hacer efectivo este compromiso de asunción por el Estado del 50% del gasto total, el Congreso también ha convalidado el Real Decreto-ley 17/2026, que contempla una inyección de 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027. La aportación estatal alcanzará los 7.239 millones de euros en 2027, lo que permitirá cumplir con el objetivo del 50%.
Los nuevos importes que el Estado transferirá a las comunidades autónomas por persona beneficiaria se incrementan de forma sustancial:
- Grado I (dependencia moderada): pasa de 76 €/mes a 90 €/mes.
- Grado II (dependencia severa): se incrementa de 130 €/mes a 260 €/mes.
- Grado III (gran dependencia): de 290 €/mes a 660 €/mes.
Nuevos derechos y modelo de cuidados
La reforma introduce cambios importantes en la filosofía de prestación de servicios y en el catálogo de servicios del sistema, apostando por un modelo de cercanía que prioriza la permanencia en el hogar y la comunidad frente a la institucionalización. Entre los cambios y mejoras están:
- Asistencia personal más allá del domicilio. Se extiende el servicio de asistencia personal para que el asistente pueda acompañar a la persona usuaria en actividades fuera de su hogar, como ir al médico, hacer la compra o realizar gestiones.
- Universalización de la teleasistencia. La teleasistencia se reconoce como un derecho subjetivo para todas las personas en situación de dependencia, con independencia de otras prestaciones que reciban.
- Nuevos cuidadores (dentro de los cuidadores informales o no profesionales).Se reconoce como cuidador a personas del "entorno relacional" del dependiente que no sean familiares directos (por ejemplo, vecinos o amigos), permitiendo que también puedan acceder a una prestación económica por cuidados.
- Desaparición de las incompatibilidades. Se eliminan las restricciones que impedían compatibilizar varias prestaciones, como la de asistir a un centro de día con una ayuda a domicilio.
- Se prohíben las sujeciones farmacológicas y otras restricciones, garantizando una atención que respeta la voluntad y la integridad de la persona.
Simplificación administrativa y reconocimiento automático de discapacidad
Para agilizar los trámites y reducir la burocracia, la reforma establece un reconocimiento automático del grado de discapacidad en función del grado de dependencia reconocido:
- Personas con grado I de dependencia (moderada): se les reconocerá automáticamente un 33% de discapacidad.
- Personas con grado II (severa) o III de dependencia (gran dependencia): podrán ser reconocidas con el un 65% de discapacidad.
Esta medida busca agilizar y desburocratizar el acceso a derechos y prestaciones. Actualmente hay más de 142.000 personas en lista de espera para recibir una ayuda, y el tiempo medio de resolución de expedientes supera ampliamente los plazos legales.
Otras medidas
Destacan las siguientes:
- Accesibilidad universal. La accesibilidad se convierte en un derecho subjetivo, lo que implica la obligación de las administraciones de garantizar esa accesibilidad en viviendas y espacios públicos, ayudando económicamente a las comunidades de vecinos para realizar obras. Se facilitarán los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de propietarios. Actualmente, se estima que en España hay 100.000 personas que no pueden salir de sus casas porque sus viviendas no son accesibles.
- Figura del facilitador procesal. Se crea esta figura para actuar como mediador y garantizar la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad en los procesos judiciales.
- Prohibición de la discriminación en seguros. Se prohibirá que las aseguradoras incrementen las primas de los seguros personales por razón de discapacidad.
- La reforma fija por ley que la atención temprana es un derecho subjetivo para garantizar que los gobiernos autonómicos atiendan a todos aquellos niños y niñas (de 0 a 6 años) que presenten trastornos en el desarrollo o tengan riesgo de desarrollarlo. Es decir, cada familia con un niño en esta situación podrá exigir ante su administración autonómica que se le proporcione el tratamiento sin que dependa de la disponibilidad presupuestaria o de plazas.
Próximos pasos para la aprobación definitiva
La reforma de la ley, una vez aprobada en el Congreso, continuará ahora su tramitación en el Senado, donde podrían introducirse nuevas enmiendas. La entrada en vigor de algunas medidas, como el incremento de las cuantías por persona beneficiaria que el Estado transferirá a las CCAA, ya se ha producido con efecto retroactivo desde el 1 de julio de 2026.
Quedará por ver cómo se implementarán estos cambios en cada comunidad autónoma y si el blindaje de la financiación estatal será suficiente para consolidar un sistema de cuidados sostenible y de calidad a largo plazo.
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