Lecciones de las reformas de pensiones en América Latina

“La mayoría de las reformas aprobadas han reforzado el vínculo entre la cotización y la pensión. No hay panacea; cada país debe aplicar la reforma más adecuada a sus características”, destaca Carmelo Mesa-Lago en un artículo publicado en El País.

En un momento en el que España realiza reformas paramétricas de su sistema público de pensiones (Las reformas pasadas y presente: ¿Qué son los cambios paramétricos?) para hacerlo sostenible y más fuerte, Carmelo Mesa-Lago, catedrático emérito deEconomía y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh y autor denumerosas obras sobre reformas de pensiones en el mundo, nominado al PremioPríncipe de Asturias en Ciencias Sociales de 2014, recuerda en un artículopublicado en El País,que hay otra alternativa: las reformas "estructurales" que cierran el sistemapúblico y lo transforman, total o parcialmente, en privado. Un ejemplo que seha dado en países de todo el mundo a lo largo de las últimas décadas,comenzando por la privatización de las pensiones en 1981 en Chile yextendiéndose a 23 países, 11 de ellos de Iberoamérica. "Los sistemas públicos secaracterizan por prestación definida (establecida por ley), financiación porreparto (con solidaridad intergeneracional) y gestión pública, mientras que lossistemas privados se distinguen por la cotización definida (porque se asume queno cambia en el tiempo), capitalización individual mediante cuentasindividuales de ahorro, propiedad del asegurado, y administración privada confines de lucro", recuerda el autor. La privatización de lossistemas de pensiones latinoamericanos siguió modelos diferentes: el autoranaliza cómo Bolivia, Chile, El Salvador, México y República Dominicanaaplicaron un sistema "sustitutivo" que cerró el sistema público y lo remplazópor el privado. Mientras, Argentina, Costa Rica, Panamá y Uruguay tomaron unmodelo "mixto" de dos pilares, que contemplaba una pensión sufragada por elpilar público y otra por el pilar privado. Colombia y Perú implementaron unmodelo "paralelo" en que los sistemas público y privado compiten entre sí. Entotal, nueve países retuvieron sistemas públicos: Brasil, Cuba, Ecuador,Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. El autor analiza los pros ylos contras de la privatización de los sistemas de pensiones. En el aspecto positivo, destaca que "la mayoría de las reformasestructurales fue exitosa en reforzar el vínculo entre los montos de lacotización y la pensión, mejorar la eficiencia en la administración de lascuentas individuales e informar su saldo al asegurado, reducir el antesdilatado y engorroso otorgamiento de las pensiones, ahorrar un capitalsustancial en los fondos y generar rendimientos adecuados". Pero también destaca variospuntos negativos, porque "la generalidad de las reformas no cumplió sus propiospresupuestos ni tampoco los principios de seguridad social de la OrganizaciónInternacional del Trabajo (OIT): No funcionó el pregonado paradigma universalaplicable a todos los países independientemente de sus notables diferenciaseconómicas y sociales. No logró cubrir a la mayoría de la fuerza laboral porqueel sistema privado es adecuado para un mercado laboral urbano formal, pero enla región predomina el sector informal", son dos de las ocho implicacionesnegativas que menciona en su artículo. Además, destaca que los fallos deimplantación y la no resolución de los problemas de fondo hicieron que, con lacrisis, los problemas se agravaran, lo que obligó a introducir nuevas reformasentre 2008 y 2010: "Tres países introdujeron diversas reformas (re-reformas) degran calado de sus sistemas privados, pero todas reforzando el papel delEstado: Chile mantuvo, pero mejoró, dicho sistema, mientras que Argentina yBolivia lo cerraron y transfirieron todos sus fondos y asegurados al sistemapúblico. Así que quedan nueve países con sistemas privados y once conpúblicos". El experto habla también ensu artículo de otras reformas, ya implantadas o planeadas, en Uruguay, México,El Salvador, Costa Rica, Colombia o República Dominicana. Y habla de lanecesidad de implantar cambios también en los países con sistemas públicos depensiones. Por eso cree que "no hay panacea, cada país debe aplicar la reformaparamétrica o estructural que considere adecuada a sus característicaseconómico-sociales, la cual debe ser precedida de un amplio debate social yestudios actuariales, con la mira puesta en la mejora de los principios de laseguridad social y combinando aspectos sociales y sostenibilidad financiera".