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Jubilación   7 Ene 2019

Los expertos creen que se debe seguir aumentando la edad de jubilación

Autor

Instituto BBVA de PENSIONES

Existe consenso sobre la necesidad de realizar reformas de calado en el sistema de pensiones

Fijar una edad de jubilación adecuada a la realidad presente y futura es una de las principales variables en las reformas de los sistemas de pensiones que se están llevando a cabo en los principales países desarrollados. La creciente longevidad obliga a replantear las reglas de funcionamiento y a adaptar la duración de la vida laboral a esperanzas de vida que no paran de crecer.

Según un estudio de la consultora PwC, en el que ha contado con la opinión de más de 350 empresarios y expertos, casi dos tercios de los consultados creen necesario ampliar de nuevo la edad de jubilación que, recordemos, ya se encuentra en fase de incremento gradual hasta la edad de 67 años, donde quedará fijada en el año 2027.

Existe unanimidad en cuanto al importante reto demográfico al que se enfrenta España en los años venideros, con una población envejecida fruto de una creciente esperanza de vida y unos niveles de fertilidad históricamente bajos. Casi la mitad de los encuestados (45%) aboga por atraer mano de obra inmigrante para paliar este problema. El 53% se decanta por insistir en incentivos que fomenten la entrada de mano de obra femenina en el mercado laboral.

Reformas en el cálculo de la pensión

Casi cuatro de cada diez expertos opinan que lo más efectivo sería la reducción de la cuantía de las nuevas pensiones que se vayan causando. Menos de un tercio se inclina por incorporar en el cálculo de la pensión las cotizaciones de toda la vida laboral de los trabajadores, en lugar de las de los últimos años como ocurre actualmente.

Leer más Por qué los principales países desarrollados están aumentando la edad de jubilación

El sistema requiere más reformas

El 63% de los encuestados considera que la sostenibilidad futura del sistema de pensiones pasa de forma inexorable por realizar nuevas reformas, y a implementar a la mayor brevedad posible. La mayoría aboga por mantener un sistema de reparto, siendo solo el 8% los que proponen por sustituirlo por un sistema de capitalización donde cada trabajador generase su propia “hucha”. Se descarta un cambio tan drástico porque se considera que en España no hay suficiente cultura financiera para realizar una transición así.

Establecer otros incentivos

Entre otras medidas propuestas, con el apoyo que reciben, son:

  • Incentivos adicionales para los planes de pensiones (23,5%).
  • Transición a un sistema de reparto basado en cuentas nocionales (16,7%).

El Pacto de Toledo

El consejo de expertos de PwC no cree que del Pacto de Toledo resulten acciones de gran calado, más allá de medidas limitadas para controlar el déficit del sistema a corto plazo (55,6%). Solo un tercio de ellos creen que de este foro puedan salir medidas de gran calado. 

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La Reforma de las Pensiones que el Gobierno quiere aprobar

Tras las “suaves” recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo aprobadas a final de octubre de 2020 y las primeras propuestas del Ministro de Inclusión y Seguridad Social en sus dos últimas comparecencia ante el mismo (en marzo y septiembre de 2020 ), ese Ministerio está preparando un paquete de medidas de reforma de las pensiones públicas que  el área económica del Gobierno presentará en breves días a la Comisión Europea para su visto bueno, como requisito puesto por la Unión Europea para que España acceda con normalidad a los Fondos de ayuda y recuperación Next Generation . Posteriormente estas propuestas se discutirán en la mesa de dialogo social con sindicatos y patronales en aras a buscar el mayor consenso que permita la permanencia en el tiempo de esta reforma. Según el Gobierno "las prioridades en el ámbito de las pensiones son garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y la sostenibilidad del sistema, tanto a corto, como medio y largo plazo". La reforma de pensiones que el Gobierno va a presentar a Bruselas busca compensar otras medidas adoptadas o en vías de adoptar que incrementan el gasto en pensiones, como por ejemplo la revalorización de las pensiones en línea del IPC, y que se sobreentiende acabaran con la reforma de 2013 del PP (principalmente supondrá la eliminación del IRP-Índice de la revalorización de las Pensiones, que actualizaba las mimas teniendo en cuenta una serie de factores, además de la inflación, entre los cuales estaba la relación entre ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social y que condenaba de facto a los pensionistas a una revalorización futura durante años de su tope mínimo de incremento-un 0,25% anual-). También existen bastantes posibilidades de la derogación del factor de Sostenibilidad, que ajustaría la pensión final de cada perceptor en función de la variación de la esperanza de vida de su generación ( que se actualizaría cada 5 años), y que de momento está suspendido hasta una fecha indeterminada no posterior a 2023. A continuación, resumimos las principales medidas de este borrador de reforma. 1. propuestas de reforma que no estaban entre las recomendaciones que planteó el Pacto de Toledo Ampliación del número de años tenidos en cuenta para el cálculo de la base reguladora con la que se calcula la Pensión de Jubilación Pasarían de los 25 años que se consideraran a partir de 2022 (en 2021 son 24) a 35 años, tras un periodo transitorio. No obstante, el trabajador beneficiario de la pensión podría elegir los mejores 25 años dentro de esos 35 años, excluyendo los años de peores cotizaciones. Esta medida se aplicaría progresivamente a través de un periodo transitorio, por lo que no afectaría significativamente a los pensionistas de los próximos años sino a los del Futuro. Haría más contributivo el sistema, reconociendo para el cálculo de la pensión años de cotización que hasta ahora no se tenían en cuenta. Por ejemplo, si la medida estuviese plenamente vigente en la actualidad, produciría que para alguien que se jubilase en 2021 (a la edad legal de 66 años)  se considerasen sus cotizaciones desde sus 31 años de edad (35 años), en lugar  considerar sus cotizaciones desde los 42 años ( en 2021 se están considerando para calcular la base reguladora las bases de cotización de los 24 últimos años) . El Gobierno estima que reducirá las futuras pensiones iniciales en un 5,45% de media. Perjudicaría a la mayor parte de los trabajadores, ya que durante los primeros años de vida laboral los ingresos (y por lo tanto las cotizaciones) suelen ser inferiores, y suelen ir creciendo según van pasando los años y se incrementa la experiencia del trabajador. Especialmente podría perjudicaría a muchas mujeres que hayan interrumpido su vida laboral durante su juventud para cuidar de sus hijos. No obstante, esta situación es mucho menos habitual en las nuevas generaciones. Beneficiaria especialmente a aquellos trabajadores que hayan expulsados anticipadamente del mercado laboral con anterioridad a su jubilación ( por ejemplo, a partir de los 50 años) y no hayan podido encontrar un nuevo empleo o hayan accedido empleos de menor retribución. Les permitiría excluir esos peores años de cotización ( en los que incluso podría haber lagunas de cotización) y considerar años que hasta ahora no se contaban. Esta medida de los 35 años no estaba entre las recomendaciones del Pacto de Toledo, que sí que sugirió introducir algunos elementos correctores, como la posibilidad de elegir los mejores 25 años de la vida activa para cada trabajador. En cambio, si estaba entre las recomendaciones que ha formulado la AIREF . Más Información: como se calcula la base reguladora para calcular mi Pensión de Jubilación Penalización de las jubilaciones anticipadas voluntarias Se abordaría de dos maneras: Por un lado, penalizando más la jubilación anticipada de los trabajadores con salarios más altos y que pueden acceder a la pensión máxima. La propuesta consistiría en aplicar el coeficiente reductor para penalizar la jubilación anticipada sobre importe de la pensión (*), en lugar de aplicarlo a la base reguladora, lo que supondría un mayor recorte en la pensión a percibir para esos trabajadores. (*) una vez calculada aplicando a la base reguladora el porcentaje que corresponda en función del número de años cotizados. Penalizando con mayores coeficientes reductores los primeros años y los últimos a los que se puede optar la jubilación anticipada. En el primer caso se busca con esta mayor penalización que la gente no se retire en cuanto puede hacerlo y esté cobrando bastantes más años la pensión. En el segundo, que le compense aguantar unos meses más hasta alcanzar la edad legal de jubilación. En relación a la Jubilación parcial Se plantearía la modificación de algunos requisitos de acceso a la jubilación parcial, "con el fin de preservar la función de esta figura", que facilita la jubilación gradual y favorece la inserción de los jóvenes. Por un lado, se limitaría la posibilidad de concentración de jornada, para evitar que la jubilación parcial se utilice “como mecanismo de jubilación anticipada sin coeficientes penalizadores”. Por otro, se haría incompatible la jubilación parcial con el cobro de la prestación por desempleo. 2. Propuestas de reforma que estarían en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo Serían las siguientes: Nuevos incentivos a la jubilación retardada Se mejoraría la incentivación con la actualmente se bonifica el retraso de la edad de jubilación más allá de la edad ordinaria. El borrador del Gobierno plantea tres posibilidades a elegir entre ellas: Incrementar un 4% la pensión por cada año de retraso (actualmente va del 2% al 4% dependiendo del número de años cotizados). Recibir un importe a tanto alzado por cada año completo cotizado de más a partir de la edad legal de jubilación "cuya cuantía vendrá determinada en función de los años de cotización acreditados". O una combinación de las opciones anteriores. Los trabajadores que retrasen voluntariamente su edad legal de jubilación podrían cobrar además una pensión por encima de la máxima. Esto actualmente no es posible. Prohibición de la jubilación forzosa Buscando conseguir esa misma intención de favorecer la prolongación de la vida laboral, los convenios colectivos no podrían establecer cláusulas que posibiliten la jubilación forzosa, que suponen la extinción del contrato del trabajador cuando cumple la edad legal de jubilación y puede acceder al 100% de su pensión. La propuesta de prohibición se aplicaría a los convenios colectivos suscritos a partir de la entrada en vigor de la reforma. En el caso de los convenios colectivos suscritos con anterioridad que recogieran esta posibilidad, se plantea que no puedan aplicarse "una vez transcurrido un año" desde que termine la vigencia inicial pactada del convenio en cuestión. Acercamiento de las bases de cotización de los autónomos a sus ingresos reales La propuesta de ministerio implicaría un sistema de cotización por tramos de ingresos, a diferencia del sistema actualmente vigente donde cada autónomo puede elegir su base de cotización dentro de unos límites. Se planeta estipular unos tramos para que, en función de los ingresos, se elija el más cercano a sus ingresos reales. La propuesta del Ministerio de Seguridad Social supondría que los autónomos puedan elijan su base de cotización en función de sus previsiones de ingresos y regularizar sus cuotas un año después, de manera que podrán recibir el exceso de cotización pagado o abonar si hay defecto. Otra alternativa a la anterior sería que los autónomos puedan escoger su base de cotización entre la base mínima y la base máxima, sin limitaciones existentes actualmente por edad. Revalorización de las Pensiones Con el objetivo de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, se regulará un sistema de revalorización que las vincule a la inflación real, es decir al incremento de precios al consumo-IPC. Probablemente, se tratará de una fórmula de cálculo plurianual que permita regularizar no solo los casos en los que el IPC real a final de cada año sea superior al IPC estimado al inicio del año, sino también los casos en los que ocurre lo contrario, en los que la revalorización provisional a inicio de año en base al IPC estimado acaba siendo superior al IPC real. Se introduciría un mecanismo corrector para las desviaciones, con la garantía de que las pensiones en ningún caso bajen, ni cuando el IPC sea negativo. Desarrollo de la previsión social empresarial A través de un paquete de medidas de las que actualmente solo conocemos la creación de un Superfondo Público de Pensiones (una familia de fondos de pensiones de empleo promovidos por la administración pública), que será gestionado por una o varias entidades gestoras privadas tras la adjudicación de esa gestión a través una licitación en concurso público. El Superfondo convivirá con los planes de pensiones de empleo, PPSE y otros instrumentos de previsión social empresarial que ofrezcan los operadores privados (EGFP y compañías de seguros), actuando a modo de instrumento de garantía y por defecto, para asegurar un mercado de calidad y bajo coste. Su objetivo principal es permitir acceder una previsión social complementaria a todos los trabajadores, especialmente trabajadores de pymes y autonomos. El Superfondo deberá estar creado a finales de 2021 o primeros de 2022: en un plazo máximo de un año (desde la entada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado) el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre estos fondos de pensiones públicos de empleo. Según se vayan conociendo más detalles sobre todas estas medidas descritas, en próximos posts iremos analizando cada una de ellas.

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¿Son adecuadas las medidas propuestas por el Gobierno, en materia de edad de jubilación, para afrontar el incremento de la esperanza de vida y hacer sostenible el sistema público de pensiones en España?

Puede encontrar detalladas estas medidas propuestas en este otro post de MI Jubilación .Estas medidas son adecuadas, pero no suficientes Son tan solo un primer paso, que necesitará nuevas medidas.Son medidas que aspiran a tener impacto sobre decisiones tomadas voluntariamente por los trabajadores, confiando en que un incentivo o un desincentivo, y no una obligación formal, producirá un resultado. Pero con la realidad de nuestro mercado laboral, querer no significa poder…Ello pese a que las propuestas de ministerio recogen la “Evaluación de la realidad del mercado de trabajo para los trabajadores en edades próximas a la jubilación y el análisis de los datos existentes, tanto desde la oferta como la demanda trabajo, para entender la heterogeneidad en las decisiones de jubilación con los incentivos existentes”.Téngase en cuenta la situación estructural y continuada en el tiempo del mercado laboral en España con un alto índice de desempleo, precariedad laboral y temporalidad, rigidez, y la aplastante realidad de que muchos trabajadores seniors son “expulsados” del mercado laboral y no disponen de la formación y el reciclaje necesario para ser empleables (trabajadores no cualificados).Aunque quisieran, muchos trabajadores no podrán acogerse a la jubilación demorada o lo harán con muchas dificultades.Si puede dar mejores resultados, en el retaso de la edad efectiva de jubilación, desincentivar las jubilaciones anticipadas voluntarias de trabajadores con rentas altas.¿Qué más es necesario hacer?Sugerimos dos grupos de medidas.1. Políticas activas de “empleo senior”: un compromiso de Estado con el trabajo de los mayores.Para que sea eficiente este paquete de medidas propuestas por el ministro, debería ir acompañada de una verdadera estrategia nacional con políticas públicas de activación de trabajo senior que incluyan, entre otras, las siguientes medidas de: Prohibición de discriminación por edad, incluyendo la edad como una parte importante de la normativa protectora sobre diversidad e inclusión en las empresas. Asimismo, que la edad sea parte de la responsabilidad social corporativa de las empresas, y de sus compromisos y políticas en diversidad e inclusión, más allá de las obligaciones legales establecidas. Estrategias de formación continuada, reciclaje profesional y adaptación de los mayores a las nuevas tecnologías y a los nuevos entornos laborales. Políticas de salud laboral específicas para los trabajadores seniors. Incentivos y bonificaciones atractivas para las empresas por el empleo de los seniors y su desarrollo profesional. Adecuación del trabajo, y de las condiciones en que se presta, a la edad (conciliación y flexibilización). Un cambio en la concepción en las empresas de cómo deben ser las carreras profesionales a lo largo del ciclo de vida de la relación laboral. Es un error pensar que el último trabajo previo a jubilación ha de ser el de más responsabilidad alcanzada en toda una carrera profesional. Una decisión sincera y coherente sobre las prejubilaciones, eliminando cualquier coste estatal vinculado a las mimas, y especialmente exigiendo un compromiso del empleador que prejubila sobre la empleabilidad y la continuidad en el mercado de trabajo del prejubilado, ya sea como trabajador por cuenta ajena en otra empresa o como proveedor de servicios a su ex empleador o a otras empresas.2. Retrasar la edad ordinaria o/y ajustar el importe de la pensión a esperanza de vida de cada generaciónSe estima que la esperanza de vida en España de los que llegan con vida a los 65 años crezca de 23 años (en 2018) a 25,45 años en 2048.La esperanza de vida total en 2019 (83,59 años) creció en casi medio año respecto a 2018 (83,1 años) y pese a que, en 2020, y quizás 2021, bajará temporalmente por efecto de la pandemia COVI19 (la estimación de INE para 2020 es de 1 año menos) la tendencia es claramente al alza.El incremento de la esperanza de vida obligará a tomar, cuanto antes mejor, una de las siguientes medidas alternativa o complementariamente, para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones: Vincular la edad legal ordinaria de jubilación a la esperanza de vida, revisando esa edad, por ejemplo, cada 10 años, empezando la revisión por ejemplo en 2029 y comparándola con la esperanza de vida en 2019.  No supondría necesariamente un incremento de la edad de jubilación: si la esperanza de vida baja la edad de jubilación no quedaría igual, sino que se retrasaría. Ver retraso de la edad de Jubilación en otros países . Reactivar el Factor de Sostenibilidad o Factor de equidad intergeneracional-FEI, que está suspendido hasta 2023 . De acuerdo al mismo, una vez calculada la pensión a la que tendría derecho una persona según los parámetros aplicados (años cotizados, bases cotización, edad de jubilación...), se le aplica un porcentaje corrector en función del incremento de la esperanza de vida en el momento de jubilación de su generación sobre la generación anterior. El Factor de sostenibilidad ajusta las pensiones a la variación esperanza de vida con el objetivo de “que el importe total que reciba a lo largo de su vida un pensionista que accede al sistema de Pensiones dentro de un cierto número de años y que previsiblemente tendrá más esperanza de vida, sea equivalente al importe que perciba el que se jubila en un momento anterior” (en caso de que viviese que la esperanza de vida prevista para su generación).  Asegura el riesgo asociado al incremento de la longevidad y ajusta la equidad entre generaciones.Ambas medidas, retraso de edad de jubilación y FEI, buscan el mismo objetivo:  la equidad entre generaciones. Ello debería significar que, a igualdad de contribuciones, todas las generaciones perciban iguales prestaciones durante su retiro.Al mismo tiempo se debe mantener la contributividad, es decir la proporcionalidad entre lo que una persona cotiza durante su vida activa y lo que cobra durante su jubilación. Un informe reciente de Banco de España estima que cada pensionista actual percibe de media 1,74 euros por cada 1 euro que ha cotizado, por lo que se está muy lejos de esa proporcionalidad.Como hemo comentado, ambas medidas podrían aplicarse alternativamente, es decir poniendo en práctica solo una de ellas, o complementariamente, repartiendo entre ambas el peso para conseguir equilibrar los desajustes que en el sistema público de pensiones produzca el incremento de esperanza de vida. ¿Es más efectivo aplicar el Factor de sostenibilidad o retrasar la edad de jubilación?A nivel teórico, el efecto positivo en la sostenibilidad del sistema de pensiones es mayor aplicando la medida de retrasar la edad de jubilación vinculándola al incremento de la esperanza de vida, ya que se consigue un triple efecto: Pagar pensión al beneficiario durante menos años (reducción de costes), al estar más años activo. Al mismo tiempo se incrementan los ingresos del sistema porque el trabajador y su empleador continúan cotizando. Finalmente, se pueden aplicar bonificaciones o reducciones de cotizaciones por lo que hace más atractivo a las empresas contratar trabajadores senior.En cambio, el Factor de Sostenibilidad, tal y como está concebido en España, supone exclusivamente un recorte de gastos, aplicando un ajuste al importe de las pensiones en función del incremento de la esperanza de vida. Pero no supone un incremento de ingresos, porque no actúa sobre la continuidad en el empleo y sobre un retiro más tardío. Otros paises aplican también Factores de sostenibilidad, aunque de forma diferente al español, véase en este vínculo esos casos. Como hemos comentado anteriormente, el retraso “obligatorio” en la edad legal de jubilación requeriría de políticas activas de empleo para hacer una realidad que en este país los mayores puedan trabajar. Y además está la Tasa de Dependencia…Otro factor demográfico muy relevante que afecta a la sostenibilidad del sistema de pensiones es la tasa de dependencia o porcentaje de personas en edad de jubilación (mayores de 65) sobre población activa (entre 20 y 64 años).El boom demográfico de los años 60 y 70 y la caida de la natalidad en las siguientes décadas (actualmente la tasa de natalidad es de 1,2 hijos por mujer), van a producir importantes desequilibrios durante las próximas décadas en la proporción entre activos y jubilados.La tasa de dependencia en España se incrementará notablemente durante las próximas décadas, con la jubilación de la generación del baby boom (nacidos entre 1958 y 1975) a partir del 2023. Pasará de un 31% actualmente a un 78% en 2050 (fuente OCDE (*)). Este desequilibrio de número de miembros entre generaciones, desaparecerá hacía mitad de década de los 60 con la desaparición de esta generación del baby boom.(*) Según el INE la tasa de dependencia en 2020 será un 53%Los desequilibrios y ajustes que la tasa de dependencia pueda provocar sobre el sistema público de pensiones, se necesitaran complementar con sistemas de capitalización financiera, es decir, de ahorro y previsión social complementaria.Más información: Las propuestas de Escrivá en el pacto de Toledo: retraso en la edad efectiva de jubilación 

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Las propuestas de Escrivá en el pacto de Toledo: retraso en la edad efectiva de jubilación

Entre las áreas de actuación propuestas por el ministro se encuentran: La separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, sacando del sistema los llamados “gastos impropios” (entre otros, pensiones no contributivas, complemento por maternidad, prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos, las políticas activas de empleo -reducciones de cotización y tarifas planas para autonomos-, y los costes de funcionamiento de la Seguridad Social) y traspasándolos a los Presupuestos Generales de Estado. Mantener el poder adquisitivo de las pensiones, vinculando su revalorización al IPC Alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal Desarrollo de sistemas de previsión social complementarios (Segundo Pilar-planes de empresa) a la pensión públicaEstas propuestas confirman y refuerzas las propuestas que ya hizo en su comparecencia de primeros de marzo con ocasión del reinicio de las reuniones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.Comenzamos en este post con las medidas sobre el retraso efectivo de la edad de jubilación.¿En qué consisten las propuestas del ministro en materia de edad de Jubilación?Consiste en alinear la edad real de jubilación (a la que efectivamente se jubilan de media los españoles) con la edad legal de jubilación ordinaria (*).(*) 65 años y 10 meses en 2020 para quienes hayan cotizado menos de 37 años, y 67 años a partir de 2027 para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses.Según datos del Ministerio, la edad efectiva de jubilación está en 64,6 años, lo que supone más de un año menos que la edad ordinaria (65,8). En este sentido, ahondando en el problema la situación es aún menos optimista. Para una evaluación adecuada, se debería tener en cuenta no únicamente la edad efectiva de jubilación, sino la edad efectiva de salida del mercado laboral, que es aún menor (en 2015 se situaba en 62,2 años según datos de la OCDE ).La salida anticipada del mercado laboral supone un coste para el sistema en prestaciones (en muchos casos por prestaciones de desempleo y en otros por pensiones) y en cotizaciones, por una ausencia de cotizaciones por parte del empleador, que son pagadas por el SEPE, salvo excepciones como la “llamada cláusula Telefónica”. (**) (**) Clausula Telefónica, ley 27/2011 y RD 1484/2012, por la que se establece una asignación económica a abonar al Estado para empresas de más de 100 trabajadores, por despidos colectivos que afecten a trabajadores de más de 50 años, que hubieran tenido beneficios en los dos ejercicios anteriores.Según la AIReF-Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por cada año que se consiga aumentar la edad efectiva de jubilación, el ahorro que se obtendría se estima en hasta 1,2 puntos porcentuales del PIB. Por lo tanto, consiguiendo ese objetivo de igualar edad efectiva y edad legal de jubilación ordinaria, se conseguiría eliminar casi completamente el déficit actual del sistema de pensiones, que en 2019 fue del 1,3% PIB y que para 2023 está previsto en el 1,4% del PIB (20.185 millones de euros). Coyunturalmente, debido a la crisis de COVID19, se estima que el déficit de la Seguridad Social terminará el año en el 2% del PIB.Las medidas propuestas por el ministro Escrivá para conseguir el objetivo retrasar la edad efectiva de jubilación son las siguientes: Demora en la edad legal de jubilación: Incentivar la demora en la jubilación, incrementando los incentivos actualmente existentes para retrasar la edad de jubilación, ya que se consideran insuficientes comparados con los de otros paises. Actualmente por cada año de completo de demora y cotizado entre la edad legal y la fecha del hecho causante de la jubilación se reconoce un 2% adicional de pensión, en el caso de personas que hayan cotizado menos de 25, un 2,75% si se acreditan entre 25 y 37 años cotizados, y un  4 % en caso de tener más de 37 años cotizados. Asimismo, mejorar la comunicación de esos beneficios por retraso en la jubilación, ya que hoy en día son desconocidos para la mayoría de la ciudadanía y han tenido muy poca aplicación práctica. Se argumenta que la jubilación demorada puede resultar atractiva a todas las partes: genera una pensión mayor, es un ahorro para el sistema y es un ahorro para el empresario por la reducción de cotizaciones Reforzar fórmulas de compatibilidad con el trabajo que permitan la prolongación de las carreras profesionales, como por ejemplo la jubilación activa. Corregir los elementos distorsionantes de la regulación de las jubilaciones anticipadas Según adelantó el ministro el Gobierno está preparando una propuesta para penalizar más las jubilaciones anticipadas voluntarias a partir de cierto nivel de rentas. Las jubilaciones anticipadas se están utilizando actualmente como como “mecanismo sustitutivo de la protección por desempleo,” para dar cobertura a trabajadores que son sacados del mercado laboral con carácter anticipado y agotan sus prestaciones de desempleo. Se está produciendo un cambio en la composición de las jubilaciones anticipadas:  la caída del número de las jubilaciones involuntarias es más que compensada por el crecimiento de las jubilaciones voluntarias (que han supuesto un 16% del total de jubilaciones en 2019). El ministro argumenta que se trata de un sistema de regresivo que favorece mucho más a los trabajadores con rentas altas. Al estar topada la pensión máxima (37.566 euros en 2020) y ser la esta sensiblemente inferior a la base máxima de cotización (48.841 euros en 2020), produce que aquellos trabajadores con bases máximas de cotización a la SS sufren de hecho reducciones anuales de únicamente un 2% por cada año que adelanten la jubilación, frente al 8% de reducción que sufren trabajadores con salarios medios ( en caso de que hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses).Todas estas medidas van en linera de la recomendación 12 del borrador de las propuestas de pacto de Toledo: “la prolongación de la vida profesional constituye una necesaria respuesta al alargamiento de la esperanza de vida a fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema en el largo plazo”.¿Son adecuadas estas medidas, en materia de edad de jubilación, para afrontar el incremento de la esperanza de vida y hacer sostenible el sistema?Analizamos esta cuestión en este otro post de MI Jubilación. Más información Presentación del Ministro Inclusión, Seguridad Social y migraciones ante el Pacto de Toledo ¿Son adecuadas las medidas propuestas por el Gobierno, en materia de edad de jubilación, para afrontar el incremento de la esperanza de vida y hacer sostenible el sistema público de pensiones en España?

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