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Bienestar financiero   23 Feb 2021

Prestaciones de dependencia según grado y comunidad de residencia

Autor

Juan Oliva | Luz María Peña Longobardo | Raúl del Pozo Rubio

En este post se describe la distribución de prestaciones de dependencia que ha realizado cada Comunidad Autónoma, revelando la acentuada heterogeneidad de asignación de prestaciones tanto por región como por grado. De similar manera al post que describía la distribución de prestaciones de dependencia a nivel nacional, es importante señalar que la información pública existente es muy escasa, por lo que no se puede analizar el grado I de dependencia al no estar disponible dicha información.

En posts anteriores, hemos descrito con detalle los tres grados de dependencia que reconoce el SAAD, junto a su proceso de valoración, los cuales tratan de revelar la necesidad de ayuda que la persona con limitaciones en su autonomía precisa para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Asimismo, también se ha analizado en profundidad el catálogo de prestaciones de dependencia, describiendo las prestaciones de servicios (desagregadas en servicios de atención residencial, centros de día/noche y servicio de ayuda a domicilio), y prestaciones económicas (como son la prestación económica vinculada al servicio, de asistencia personal y para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales).

Según la información recogida en las estadísticas del SAAD ofrecidas por la Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación del IMSERSO, se observa una importante heterogeneidad de distribución de prestaciones tanto en función de la comunidad de residencia como del grado de dependencia. La media nacional, teniendo en cuenta todas las prestaciones de manera conjunta, revela que el peso de las prestaciones de servicios en su conjunto ha aumentado un 10% desde 2009 (37%) hasta alcanzar el 47% de las prestaciones concedidas en 2019. La comunidad que mayor peso inicial confirió a las prestaciones de servicios fue la Comunidad de Madrid (80%) seguida del País Vasco (51%) en 2009. Diez años después el liderazgo de prestaciones de servicios lo ostenta La Rioja (70%), seguida de Galicia (64%) y Andalucía (62%). En términos generales, la tendencia mayoritaria de las distintas regiones ha sido la de incrementar el peso de sus prestaciones de servicios siguiendo la tendencia nacional. En este sentido, las CCAA que mayor incremento han realizado han sido Ceuta y Melilla, Galicia, La Rioja, Andalucía y Castilla-La Mancha con un aumento del porcentaje de los servicios del 29%, 28%, 26%, 24% y 23% hasta llegar a un peso final de los mismos del 46%, 64%, 70%, 62% y 59%, respectivamente. Por el contrario, destacan con tendencia opuesta, reduciendo el protagonismo de los servicios, las comunidades de Madrid y Valenciana junto a Canarias, donde  dicho protagonismo se ha visto reducido en favor de las prestaciones económicas en un 21%, 18% y 8% hasta alcanzar un peso final de las prestaciones en especie del 59%, 22% y 38%, respectivamente.

Por el lado de las prestaciones económicas, el aumento del protagonismo de los servicios en especie citado anteriormente del 10% se ha realizado a costa de la disminución del mismo porcentaje en estas prestaciones, cuya tendencia igualmente ha sido generalizada. Las comunidades que en 2009 concedieron clara preferencia a la asignación de prestaciones económicas fueron la Región de Murcia (93%), Navarra (86%), Aragón (85%) y Ceuta y Melilla (84%). Una década más tarde, los primeros puestos de asignación de prestaciones económicas lo copan Navarra (79%), Comunidad Valenciana (78%), Islas Baleares (76%) y Extremadura (73%). Durante el transcurso de estos diez años, las Comunidades y Ciudades Autónomas que mayor reducción han llevado a cabo de prestaciones económicas han sido Ceuta y Melilla (29%), Galicia (28%), La Rioja (26%) y Andalucía (24%), quedándose en un peso final del 54%, 36%, 30% y 38%, respectivamente. Con tendencia opuesta se encuentran las comunidades de País Vasco, Canarias, Extremadura e Islas Baleares, que han incrementado el peso de las prestaciones económicas en un 13%, 8%, 7% y 5%, hasta un peso específico final del 61%, 62%, 73% y 76%, respectivamente.

Tal y como hicimos en el post anterior, la conjunción de tipo y naturaleza de prestación con grado de dependencia junto a la comunidad de residencia sólo se ve recogida en una publicación ofrecida por el IMSERSO en enero de 2011. Dicha publicación ofrece información completa y pública, y contiene información relativa a los grados II y III de dependencia (puede consultarse en el siguiente documento).

En el grado de dependencia severa o grado II, las comunidades que en la fecha citada otorgaban mayor peso a las prestaciones de servicios eran la Comunidad de Madrid (74%), Islas Canarias (66%), Comunidad Valenciana y Galicia (44%), País Vasco (43%) y Andalucía (42%), mientras que en términos de prestaciones económicas encabezaban las regiones de Aragón (88%), Murcia (85%), Islas Baleares (84%), Ceuta y Melilla (83%) y Extremadura (83%), asignando más de ocho de cada diez prestaciones.

En el caso del grado III o gran dependencia se repetían patrones de comportamiento. La Comunidad de Madrid (75%) encabezaba el peso conferido a las prestaciones en especie, seguida con importante distancia por País Vasco (50%), Asturias (44%), Islas Canarias (42%), Comunidad Valenciana (42%) y Cantabria (41%). Por otra parte, en Murcia (86%) y Ceuta y Melilla (80%)  ocho de cada diez prestaciones eran de naturaleza económica, seguidas de Aragón (78%), Navarra (74%), Islas Baleares y 73%) y Cataluña (70%).

Profundizando un poco más en detalle por tipo de prestación y grado de dependencia, podemos encontrar las siguientes descripciones. Dentro del grado II, Andalucía (33%), Comunidad de Madrid (28%), Galicia (25%), y La Rioja (22%) lideraban las prestaciones del servicio de ayuda a domicilio, mientras que Islas Canarias (37%), Comunidad de Madrid (22%), País Vasco (14%) y Asturias (11%) hacían lo propio en los centros de día / noche. El servicio de atención residencial para este grado era especialmente promulgado en Comunidad Valenciana (36%), seguida de Islas Canarias (29%), Comunidad de Madrid (24%) y País Vasco (16%). Dentro de las prestaciones económicas, la prestación diseñada para los cuidados informales y cuidadores no profesionales era especialmente reconocida en Murcia (82%), Islas Baleares (81%), Ceuta y Melilla (76%) y Cantabria (72%). Por su parte, la prestación económica vinculada al servicio, había obtenido más protagonismo en Extremadura (29%), Castilla León (19%), Aragón (18%) y Navarra (11%), mientras que en la fecha indicada no se había concedido ninguna prestación económica de asistencia personal en este grado.

Respecto al grado III, nuevamente Andalucía (18%) lideraba la asignación de prestaciones de servicio de ayuda a domicilio, seguida en este caso de La Rioja (16%), Galicia (14%), y Castilla-La Mancha (11%). En términos de institucionalización, los centros de día y noche eran mayormente asignados en las comunidades de Islas Canarias (16%), Comunidad de Madrid (15%), País Vasco (11%) y Cantabria (9%), mientras que la atención residencial era mayoritariamente utilizada por la Comunidad de Madrid (46%), Comunidad Valenciana (36%), Asturias (28%) y Cantabria (27%). En cuanto a las prestaciones económicas, la prestación que reconoce formalmente la presencia del cuidado informal era muy ampliamente asignada en Murcia (81%) y Ceuta y Melilla (74%), seguidas de Islas Baleares (67%) y Andalucía (59%). De manera complementaria, la prestación vinculada al servicio se reconocía en mayor medida en Extremadura (27%), Castilla León (25%), Aragón (23%) y Navarra (21%). Por último, la prestación económica de asistencia personal era utilizada exclusivamente por País Vasco en este grado, con un residual 3% del total de prestaciones.

Respecto al menor grado de severidad o grado I de dependencia, quisiéramos señalar que con fecha posterior al 1 de enero de 2014 no se permite asignar una prestación de atención residencial, así como tampoco financiar un servicio de atención residencial que se encuentre provisto dentro de la prestación económica vinculada al servicio.

Estas cifras reflejan las diferentes orientaciones en el establecimiento de prioridades y políticas de las distintas regiones en España. Dada la heterogeneidad existente, no se puede hablar de un modelo único, sino de diferentes adaptaciones del marco general. Ello tiene sentido puesto que las necesidades de la población, las redes existentes de los sistemas de cuidados previas al SAAD, la dispersión geográfica y elementos demográficos, entre otros, también eran dispares entre regiones en el nacimiento de la Ley de Dependencia. Por otra parte, la evolución de la composición de las prestaciones con el paso del tiempo se ha orientado más a los servicios. Ello es coherente con la filosofía inherente a la ley, la cual fue concebida como una ley de servicios, considerando que la prestación económica ligada al cuidado informal debía ser excepcional. La rápida aparición de la crisis económica denominada Gran Recesión (2008-2014) y su efecto sobre las arcas públicas, amén de la situación de empobrecimiento de las familias españolas en dicha etapa, sin duda puede explicar una buena parte del fuerte peso de este tipo de prestaciones en los años siguientes a la promulgación de la Ley. La evolución observada en los últimos años parece acompasarse más con la filosofía inicial, si bien la actual situación económica y los efectos del SARS-CoV-2 en las residencias de mayores abre nuevas incógnitas sobre la evolución de la composición de las prestaciones y sobre su generosidad en los próximos años.

(*) Juan Oliva, Luz Mª Peña Longobardo y Raúl del Pozo Rubio son profesores del Departamento de Análisis Económico y Finanzas de la Universidad de Castilla La Mancha. Su actividad científica está centrada en la economía y gestión de la salud, con especial interés en el impacto económico de las enfermedades, el uso de la evaluación económica aplicada a la toma de decisiones Y el análisis de los cuidados de larga duración.

(**) Exención de responsabilidad por opiniones de terceros. Las opiniones y pareceres firmados por personas independientes dentro de este site se realizan a título personal, sin que BBVA ni cualquiera de las empresas del Grupo tengan que compartir necesariamente la totalidad o parte de las mismas. 

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Grados de dependencia y prestaciones en el marco del SAAD

En posts anteriores hemos descrito, por un lado, los tres grados de dependencia que reconoce el SAAD y la severidad inherente a cada uno de ellos en términos de número de veces al día que la persona con dependencia precisa ayuda; y por otro, la diferencia entre prestaciones de servicios y económicas, y a su vez, cómo las principales prestaciones de servicios correspondían a servicio de atención residencial, centros de día/noche y servicio de ayuda a domicilio, mientras que las prestaciones económicas hacen lo propio en vinculada al servicio, de asistencia personal y para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.Según muestran las estadísticas del SAAD ofrecidas por la Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación del IMSERSO, existe una importante heterogeneidad de distribución de prestaciones en función del grado y de la comunidad de residencia. Ello se debe a que el grado no expresa o no indica qué tipo de prestación necesita la persona dependiente, si de servicios o monetaria, sino la rapidez o urgencia con que precisa la prestación. Por ejemplo, pensemos en una persona que se encuentra en la fase tardía o de demencia grave a causa de la enfermedad de Alzheimer, y una persona de muy avanzada edad con fractura de la cadera que le causa una postración vitalicia: si bien en ambos casos el grado de dependencia puede ser la gran dependencia, las necesidades de la persona postrada pueden ser diametralmente diferentes de la persona con Alzheimer que todavía puede contar con movilidad.Si bien el objeto inicial de la Ley de Dependencia en términos de balance de prestaciones era conferir un carácter preferente a la prestación en especie o de servicios en detrimento de un carácter puramente residual a la prestación económica, el inicio de la existencia de estadísticas, en el año 2008, reveló un comportamiento contrario. En términos generales, a finales de 2008, el 44,62% de las prestaciones eran de servicios, mientras que el 55,38% eran prestaciones económicas: y de estas, el 75,06% correspondían a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Un año más tarde, en 2009, se registra la máxima distancia de la intención inicial, puesto que las prestaciones económicas alcanzan un peso del 63,03%, de las que la prestación diseñada para el cuidado informal escala hasta el 87,82% de éstas, los servicios quedan reducidos por su parte hasta el 37,38% de las prestaciones. Desde este año, las prestaciones económicas comienzan a perder peso paulatinamente, puesto que así lo hace la prestación económica para el cuidado informal, y esa tendencia se mantiene hasta la actualidad. Por ejemplo, en 2013, las prestaciones de servicios alcanzan la cota del 40%, teniendo un peso la prestación económica diseñada para el cuidado informal del 84,75% del total de prestaciones económicas. En 2019, las prestaciones de servicios alcanzan su tercer mayor registro de la serie, con un peso del 46,91% del total de prestaciones, quedando las prestaciones económicas asignadas en el 53,03% de todas las prestaciones, y donde la prestación económica establecida para cuidados informales logra su cota más baja, con un peso del 72,84% del total de prestaciones económicas.Tratando de unir tipo y naturaleza de prestación con grado de dependencia, tenemos que señalar que la única información completa y pública existente es una publicación que realizó en IMSERSO en enero de 2011, y que contiene información relativa únicamente de los grados II y III de dependencia.A nivel nacional, según esta información, se observa que para el mayor grado de severidad de dependencia (grado III), la prestación más utilizada es la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales (52,59% del total) en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, seguida de los servicios de atención residencial (21,35%), servicio de ayuda a domicilio (10,51%), la prestación económica vinculada al servicio (9,06%), y los centros de día / noche (6,30%). Cabe señalar la escasa utilización, sólo en este grado, de la prestación económica para asistencia personal, con un 0,18% de las prestaciones totales, siendo el País Vasco prácticamente la única comunidad que la desarrolla, aunque muy tímidamente (78,31% de todas las prestaciones de asistencia personal tienen lugar en el País Vasco).El grado II de dependencia parece mostrar un comportamiento muy similar al del grado III. En este sentido, de nuevo la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales es asignada en casi 6 de cada 10 prestaciones (58,08%), seguida en este grado del servicio de ayuda a domicilio, con un peso del 17,97%, y posteriormente, los servicios de atención residencial (11,43%) y centros de día / noche (6,91%). Cierra el ranking la prestación económica vinculada al servicio (5,61%), quedando sin ninguna prestación la prestación económica de asistencia personal.Respecto al grado I de dependencia, como ya hemos comentado, no existe información específica sobre distribución de prestaciones por grado. Sin embargo, nos gustaría señalar que desde el 1 de enero de 2014, no se puede asignar una prestación de atención residencial, ni tampoco financiar un servicio de atención residencial enmarcado dentro de la prestación económica vinculada al servicio para aquellas personas que hayan sido baremadas y reconocidas con dicho grado.(*) Juan Oliva, Luz Mª Peña Longobardo y Raúl del Pozo Rubio son profesores del Departamento de Análisis Económico y Finanzas de la Universidad de Castilla La Mancha. Su actividad científica está centrada en la economía y gestión de la salud, con especial interés en el impacto económico de las enfermedades, el uso de la evaluación económica aplicada a la toma de decisiones Y el análisis de los cuidados de larga duración.(**) Exención de responsabilidad por opiniones de terceros. Las opiniones y pareceres firmados por personas independientes dentro de este site se realizan a título personal, sin que BBVA ni cualquiera de las empresas del Grupo tengan que compartir necesariamente la totalidad o parte de las mismas. 

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La carga financiera de las familias asociada a la dependencia (II): diferencias regionales

Como vimos en un anterior post , las cargas financieras que pueden tener que abordar las familias cuando uno de sus miembros avanza en una situación de dependencia no son en absoluto despreciables. Más allá de la carga en términos de tiempo que supone la prestación de los cuidados familiares (también denominados informales), y sus consecuencias laborales, familiares, de salud…, las familias pueden verse necesitadas de contratar servicios privados de cuidados a personas dependientes o utilizar servicios públicos, los cuales están sujetos a determinados copagos. En este post veremos cómo las cuantías que deben afrontar las familias pueden cambiar en función del escenario propuesto, pero también en función de su lugar de residencia. Para mostrarlo, estimaremos los gastos en cuatro CCAA diferentes: Comunidad M, Comunidad A1, Comunidad A2 y Comunidad C. La elección de dichas regiones ha sido aleatoria pero condicionada a la existencia de información sobre precios públicos y aportaciones promedio de los usuarios que constan en la publicación del IMSERSO Servicios Sociales dirigidos a personas mayores en España, de diciembre de 2019. Adicionalmente, para el pago de servicio de ayuda a domicilio privado, hemos realizado un ajuste en función de la riqueza de la región, empleando los valores relativos del Producto Interior Bruto per cápita (PIB pc) de la región y del PIB pc nacional. Asimismo, emplearemos estos valores para comparar el desembolso realizado en términos de esfuerzo relativo con el PIB pc de la región. Primer caso Mujer, de 75 años, enferma de Alzheimer, además de los cuidados informales prestados por sus hijos, durante 5 años recibe un servicio de teleasistencia. Simultáneamente, los dos primeros años acude regularmente a un centro de día, pero con el agravamiento de su situación, la familia solicita un servicio de ayuda a domicilio. Tras seis meses de espera, recibe valoración positiva de la solicitud del cambio, pero aun restarán 6 meses antes de recibir efectivamente dicho servicio. Mientras tanto, en los 6 primeros meses sigue acudiendo al centro de día. En los 6 siguientes meses la familia contrata a una profesional de manera privada para que preste la ayuda a domicilio. Los 2 siguientes años recibe el servicio de ayuda a domicilio proporcionado por el SAAD, intensificándose al mismo tiempo, los cuidados informales proporcionados por los hijos. Trascurrido ese tiempo, la mujer ingresa en una residencia donde vivirá cuidada 4 años más hasta el momento de su fallecimiento. En los 9 años contemplados, el gasto monetario para una familia que residiera en la Comunidad M ascendería a 30.300 euros; a 37.000 euros para una familia que residiera en la Comunidad A1; a 41.500 euros para una familia que residiera en la Comunidad A2; y a 37.750 euros para una familia que residiera en la Comunidad C. En todos los casos, la partida que supone mayor gasto es el servicio de residencia, la cual oscila entre un 71%-79% del coste, dependiendo de la región. En términos de esfuerzo relativo, los gastos estimados suponen el 87% del PIB pc de la Comunidad M, el 194% del PIB pc de la Comunidad A1, el 145% del PIB pc de la Comunidad A2 y el 155% del PIB pc de la Comunidad C. Segundo caso Varón, de 70 años, viudo, recibe cuidados de sus hijos en las tareas domésticas durante 8 años. A los 78 años de edad, recibirá servicio de teleasistencia, sustituyendo una parte del cuidado familiar por un servicio de centro de día y de manera simultánea por un servicio de ayuda a domicilio prestado en el marco del SAAD durante 4 horas diarias debido al empeoramiento de su estado de salud, durante un total de 5 años. En su último año de vida no puede seguir acudiendo al centro de día. Seguirá recibiendo ayuda familiar y servicio de ayuda a domicilio por parte del SAAD, pero además lo complementará con un servicio de ayuda a domicilio privado, principalmente centrado en la realización de tareas del hogar. Partiendo del momento en el cual comienza a recibir los primeros servicios y estimados en los 6 años restantes, el gasto monetario que tendría que asumir la familia que residiera en la Comunidad M ascendería a 14.750 euros; a 20. 300 euros para una familia que residiera en la Comunidad A1; a 18.600 euros para una familia que residiera en la Comunidad A2; y a 17.750 euros para una familia que residiera en la Comunidad C. La partida que supone mayor gasto es el servicio de centro de día, con grandes diferencias relativas entre regiones, puesto que su peso oscila entre un 50%-85% del coste, dependiendo de la región. En términos de esfuerzo relativo, los gastos estimados suponen el 42% del PIB pc de la Comunidad M, el 106% del PIB pc de la Comunidad A1, el 65% del PIB pc de la Comunidad A2 y el 73% del PIB pc de la Comunidad C. Tercer caso Varón, 80 años, casado, sufre un ictus que le ocasiona importantes limitaciones en su autonomía. Recibe teleasistencia y servicio de ayuda a domicilio durante 3 horas a la semana, durante 4 años. A los 84 años de edad, la familia decide su ingreso en una residencia. Los tiempos de espera de valoración y resolución se alargan durante 18 meses, en los cuales la familia debe hacerse cargo de la factura de la residencia. Transcurrido ese plazo, se ofrece a la familia una plaza en un centro concertado, la cual es aceptada. La persona vivirá 3 años más antes de su fallecimiento. Durante los 8 años y medio contemplados, el gasto monetario que tendría que asumir una familia que residiera en la Comunidad M ascendería a 61.250 euros; a 49.720 euros para una familia que residiera en la Comunidad A1; a 55.640 euros para una familia que residiera en la Comunidad A2; y a 45.330 euros para una familia que residiera en la Comunidad C. “La partida que supone mayor gasto es el servicio de residencia, con gran diferencia, la cual oscila entre el 96%-99% del coste”, dado que nos referimos a la partida. En términos de esfuerzo relativo, los gastos estimados suponen el 175% del PIB pc de la Comunidad M, el 260% del PIB pc de la Comunidad A1, el 194% del PIB pc de la Comunidad A2 y el 186% del PIB pc de la Comunidad C. Por tanto, como muestran los ejemplos, la variabilidad del gasto por regiones es considerable. En función del caso seleccionado, la comunidad donde el gasto de las familias es mayor varía, así como el orden de continuación de las restantes. Ello es fruto fundamentalmente de los diferentes costes unitarios de los servicios , así como de los esquemas de copagos por servicio público de atención desarrollados por las CCAA . Adicionalmente, cuando comparamos las cifras de gasto con una medida de renta por habitante como es el PIB pc, observamos que el esfuerzo relativo de las familias varía de una manera muy apreciable en función de la región de residencia. En cualquiera de los casos, ante una situación de dependencia en el seno familiar, el riesgo financiero que deben asumir las familias es una circunstancia que hay que considerar. Hasta el momento, el sistema de pensiones ha sido el principal elemento de soporte que ha evitado que muchas familias se vieran obligadas a elegir entre cuidar por sí mismas a sus miembros dependientes o caer a situaciones de pobreza. Así pues, el sostenimiento futuro de las pensiones y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia son dos ejes de nuestro Estado del Bienestar que se complementan y cuyo desarrollo no puede sino ser contemplado conjuntamente.

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La carga financiera de las familias asociada a la dependencia

Como hemos ido visto a lo largo de varios posts, La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia reconoce a los ciudadanos el derecho a la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas dependientes. Sin embargo, ello no implica que la atención prestada en el ámbito de la dependencia no tenga ningún coste para los usuarios ni para sus familiares.Una parte del coste ya la hemos tratado al referirnos a los cuidados no profesionales, también denominados informales . La exigente dedicación que requieren las personas con limitaciones en su autonomía se traduce en un importante número de horas de cuidado, a veces a lo largo de muchos años, y con una importante intensidad. Como hemos visto, aun reconociendo los aspectos positivos ligados con los cuidados, ello tiene consecuencias indeseadas sobre la salud, la condición laboral y las relaciones familiares y personales de las personas cuidadoras.En este post, en cambio, nos vamos a centrar en otro tipo de costes que pueden tener que asumir las personas cuidadas y sus familias: los gastos financieros. Para mostrarlo vamos a recurrir a tres ejemplos de la multitud de situaciones que pueden darse ligadas a las situaciones de dependencia. En los tres casos vamos a suponer que las preferencias de las familias se decantan por recibir servicios profesionales. También vamos a recordar que incluso si dichos servicios se prestan bajo el paraguas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, los mismos no se reciben inmediatamente, sino que se debe pasar por un proceso de valoración y, en caso de concesión, de espera en la recepción del servicio (el llamado “limbo de la dependencia”) y que estos servicios están sujetos a esquemas de copagos. Para ayudarnos en nuestro empeño vamos a utilizar los datos sobre precios públicos y aportaciones promedio de los usuarios que constan en la publicación del IMSERSO Servicios Sociales dirigidos a personas mayores en España, de diciembre de 2019 . Primer casoMujer, de 75 años, enferma de Alzheimer, además de los cuidados informales prestados por sus hijos, durante 5 años recibe un servicio de teleasistencia. Simultáneamente, los dos primeros años acude regularmente a un centro de día, pero con el agravamiento de su situación, la familia solicita un servicio de ayuda a domicilio. Tras seis meses de espera, recibe valoración positiva de la solicitud del cambio, pero aún restarán 6 meses antes de recibir efectivamente dicho servicio. Mientras tanto, en los 6 primeros meses sigue acudiendo al centro de día. En los 6 siguientes meses la familia contrata a una profesional de manera privada para que preste la ayuda a domicilio. Los 2 siguientes años recibe el servicio de ayuda a domicilio proporcionado por el SAAD, intensificándose asimismo los cuidados informales proporcionados por los hijos. Trascurrido ese tiempo, la mujer ingresa en una residencia donde vivirá cuidada 4 años más hasta el momento de su fallecimiento. En los 9 años contemplados, el gasto monetario para la familia ascendería a 38.300 euros, de los cuales casi el 80% sería el gasto de la residencia (30.000 euros), seguido del centro de día (5.400 euros) y los 6 meses de ayuda a domicilio del profesional contratado. Si comparamos esta cifra con el valor del Producto Interior Bruto per cápita (PIB pc), una medida de renta personal ampliamente empleada, la misma representaría un 148% del PIB pc del mismo año de valoración. Segundo caso Varón, de 70 años, viudo, recibe cuidados de sus hijos en las tareas domésticas durante 8 años. A los 78 años de edad, recibirá servicio de teleasistencia, sustituyendo una parte del cuidado familiar por un servicio de centro de día y de manera simultánea por un servicio de ayuda a domicilio. Este último se prestará en el marco del SAAD durante 4 horas diarias debido al empeoramiento de su estado de salud, durante un total de 5 años. En su último año de vida no puede seguir acudiendo al centro de día. Seguirá recibiendo ayuda familiar y servicio de ayuda a domicilio por parte del SAAD, pero además lo complementará con un servicio complementario de ayuda a domicilio privado, principalmente centrado en la realización de tareas del hogar. Partiendo del momento en el cual comienza a recibir los primeros servicios y estimados en los 6 años restantes, el gasto monetario que tendría que asumir la familia ascendería a 17.000 euros, de los cuales casi las 2/3 partes corresponde a los copagos relacionados con el centro de día (11.000 euros), seguido del gasto en contratación del servicio complementario de ayuda a domicilio privado (3.600 euros, un 21,2% del total) y del copago por el servicio de ayuda a domicilio público (2.050 euros, un 12,1% del total). Esta cifra representaría un 66% del PIBpc del mismo año de valoración. Tercer caso Varón, 80 años, casado, sufre un ictus que le ocasiona importantes limitaciones en su autonomía. Recibe teleasistencia y servicio de ayuda a domicilio durante 3 horas a la semana, durante 4 años. A los 84 años de edad, la familia decide su ingreso en una residencia. Los tiempos de espera de valoración y resolución se alargan durante 18 meses, en los cuales la familia debe hacerse cargo de la factura de la residencia. Transcurrido ese plazo, se ofrece a la familia una plaza en un centro concertado, la cual es aceptada. La persona vivirá 3 años más antes de su fallecimiento. Durante los 8 años y medio contemplados, el gasto monetario que tendría que asumir la familia ascendería a 55.665 euros, estando concentrada la mayor parte en los gastos por los servicios residenciales: 31.000 euros (un 55,7%) del pago a la residencia privada y 23.430 euros (42,1%) que correspondería por el copago en la residencia concertada. Esta cifra representaría un 215% en relación con el PIBpc del mismo año de valoración. Los ejemplos seguidos son extremadamente sencillos y no recogen una serie de gastos adicionales en los que deben incurrir las familias (dietas especiales, servicios de fisioterapia, podología, adaptación de viviendas, etc.). Tampoco hemos incluido ayudas monetarias que reciben las familias por motivo del cuidado informal.El objetivo del post y, derivada del mismo, la naturaleza de los ejemplos centrada en los pagos asociados a servicios en especie, consistía en mostrar que las cargas financieras que pueden tener que asumir las familias en caso de que uno de sus miembros de avanzada edad derive en una situación de dependencia.  En un post posterior mostraremos que la carga puede ser muy heterogénea no dependiendo solo de la trayectoria del estado de salud y limitaciones de la persona dependiente sino también de su lugar de residencia.(*) Juan Oliva, Luz Mª Peña Longobardo y Raúl de Pozo Rubio son profesores del Departamento de Análisis Económico y Finanzas de la Universidad de Castilla La Mancha. Su actividad científica está centrada en la economía y gestión de la salud, con especial interés en el impacto económico de las enfermedades, el uso de la evaluación económica aplicada a la toma de decisiones Y el análisis de los cuidados de larga duración.(**) Exención de responsabilidad por opiniones de terceros Las opiniones y pareceres firmados por personas independientes dentro de este site se realizan a título personal, sin que BBVA ni cualquiera de las empresas del Grupo tengan que compartir necesariamente la totalidad o parte de las mismas.  

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