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Autónomos   21 Nov 2025

Soy autónomo, ¿puedo jubilarme anticipadamente?

Autor

Instituto BBVA de PENSIONES

Los trabajadores por cuenta propia pueden solicitar el acceso a la jubilación anticipada voluntaria, pero no pueden acogerse a la jubilación anticipada forzosa o involuntaria. Vemos en qué casos y con qué condiciones podrían hacerlo, así como la forma de calcular el importe de su pensión.

Los autónomos podrán acceder a la jubilación anticipada voluntaria hasta 2 años (24 meses) antes de la edad legal de jubilación ordinaria.

La edad legal de jubilación en 2026 será de 66 años y 10 meses en caso de contar con menos de 38 años y 3 meses cotizados, y de 65 años para aquellos que tengan 38 años y 3 meses o más de cotización.

Por tanto, la edad mínima en 2026 para acceder a la jubilación anticipada voluntaria para los trabajadores autónomos será:

  • 64 años y 10 meses en caso de que cuente con menos de 38 años y 3 meses cotizados, computando también los periodos de tiempo que transcurrirían desde esa edad hasta la de cumplimiento de la edad legal ordinaria de jubilación.
  • 63 años si contase con 38 años y 3 meses de cotizados o más.

A estos efectos de determinar esa edad mínima de acceso a la jubilación anticipada no resultan de aplicación las bonificaciones de edad, de las que puedan beneficiarse los trabajadores de algunos sectores por la realización de actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y las personas con discapacidad igual o superior al 45% o al 65%.

Otros requisitos que se exigen, también a los autónomos, para poder acceder a la jubilación anticipada voluntaria son los siguientes:

  • Haber cotizado un mínimo de 35 años, 2 de los cuales deberán estar comprendidos en los últimos 15 años previos a la fecha del hecho causante de la pensión de jubilación (en el caso de los autónomos, habitualmente será la fecha de cese de la actividad por cuenta propia).

A efectos del cómputo de esos 35 años, se consideran como cotizados los periodos de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria o servicio social femenino, con un máximo de un año. En cambio, no se tendrán en cuenta, en el cómputo de ese periodo cotizado, la parte proporcional por pagas extraordinarias.

  • El importe de pensión resultante por jubilación anticipada voluntaria (una vez aplicados los coeficientes reductores) debe ser superior a la cuantía de la pensión mínima que le correspondería al beneficiario de la pensión al cumplir 65 años.

¿Cómo se calcula la pensión de jubilación anticipada de los trabajadores por cuenta propia?

Una vez calculada la pensión teórica que hubiera correspondido al trabajador autónomo en caso de acceso a la jubilación a la edad legal ordinaria (véase aquí cómo se calculará la pensión de jubilación en 2026), que se hará calculando una base reguladora (hasta el año 2025, considerando las bases de cotización de los últimos 25 años y aplicando a esa base reguladora, un porcentaje en función de los años cotizados -debiendo contar con al menos 36,5 años para tener derecho al 100%-), para calcular la pensión por jubilación anticipada voluntaria se aplicarán unos coeficientes reductores sobre el importe de esa pensión teórica, en función del número de meses de adelanto de la edad de jubilación y del periodo de cotización total acumulado por el trabajador autónomo.

Estos son los coeficientes:

No obstante, en el caso de personas con pensiones teóricas que, una vez aplicados los coeficientes reductores por jubilación anticipada voluntaria, continúen siendo superiores a la pensión máxima del sistema (lo que es muy poco habitual en el caso de autónomos), se está aplicando un periodo transitorio desde el año 2024.

Según esta transitoria se eliminará gradualmente, a partir del 1 de enero de 2024 y durante un periodo de 10 años, la normativa anterior que aplicaba los coeficientes reductores sobre base reguladora, aplicándose otros coeficientes.

Véanse aquí los coeficientes aplicables (a partir de 2024) para personas con pensión teórica superior a la pensión máxima que accedan a la jubilación anticipada voluntaria durante esta transitoria, y que varían en función del periodo cotizado, de los meses de adelanto de la jubilación y del año de acceso a la jubilación anticipada (entre 2024 y 2033).

No obstante, esos coeficientes mencionados únicamente resultarán de aplicación en la medida en que la evolución de la pensión máxima absorba completamente el efecto del aumento de coeficientes respecto a los vigentes hasta 2021 (extendidos también a 2022 y 2023) para aquellos trabajadores con base reguladora superior a la pensión máxima, de manera que la pensión reconocida no resulte nunca inferior a la que habría correspondido con la aplicación de las normas vigentes en 2021.

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La petición de Asjubi40, que lleva más de 10 años luchando por ella,  es la de que no se apliquen coeficientes reductores a quienes tengan una carrera de cotización completa, es decir, más de 40 años cotizados, tanto en el caso de la jubilación anticipada voluntaria como en el caso de la jubilación anticipada involuntaria o forzosa. Esta petición afecta a más de 900.000 pensionistas con largas carreras laborales (más de 40 años cotizados). La anterior petición está basada en que no se considera justo ese tratamiento y la aplicación de penalizaciones tras muchos años de cotización (40 años son 3,5 años más más que los 36 años y 6 meses que en la actualidad dan derecho a aplicar un 100% sobre la base reguladora para determinar el importe de la pensión, en caso de jubilación a la edad legal). En la actualidad, en caso de jubilación anticipada, se aplican coeficientes reductores sobre el importe de la pensión teórica previamente calculada, que varían en función del número de meses de adelanto (hasta un máximo de 24 meses en el caso de la jubilación anticipada voluntaria y 48 meses en caso de jubilación anticipada involuntaria) y del periodo de cotización acumulado. Para aquellos con más de 40 años cotizados, el coeficiente máximo aplicado, en caso de jubilación anticipada voluntaria, aquel aplicado en caso de adelantar 24 meses la edad de jubilación, ascendería a: un 19% si estuviesen encuadrados en el tramo entre más de 38,5 años y menos de 41,5 años cotizados (es decir, en relación al caso tratado, si tuvieran entre 40 y 41,5 años cotizados), 17% si tuvieran más de 41,5 años de cotización y menos de 44,5 años,  y 13% en caso de contar con más de 44 años y 6 meses de cotización. Además, en el caso de la jubilación anticipada voluntaria, para aquellas personas cuya pensión teórica, una vez aplicados los coeficientes reductores,  supere el importe de pensión máxima, se está aplicando durante un periodo transitorio hasta 2033 unos coeficientes reductores sobre el importe de la pensión máxima (véanse aquí), en función del año de acceso a la jubilación y del periodo de cotización acumulado, siempre y cuando la reducción de pensión por la aplicación esos coeficientes se vea absorbida por la revalorización de la pensión máxima. Véanse aquí los actuales coeficientes reductores de la jubilación anticipada voluntaria y aquellos aplicados a la jubilación anticipada involuntaria o forzosa ¿Qué implica esta moción aprobada en el Congreso de los diputados? Esta moción aprobada en el Congreso, si bien legalmente no es de obligado cumplimiento para el Gobierno, tiene un impacto político, y posiblemente sea llevada de nuevo al Pacto de Toledo para evaluar su recomendación o no. La propuesta de moción aprobada ha sido presentada Podemos, y llega tras unas declaraciones de la ministra de Inclusión y Seguridad Social negándose a despenalizar la jubilación anticipada de las largas carreras. Ha salido adelante sin ningún voto en contra. Ha sido votada a favor por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria, UPN, Compromís. PP y Vox se han abstenido. Además, está pendiente el debate en el Congreso sobre una Proposición de Ley en el mismo sentido. Más Información Véanse aquí los requisitos de acceso y como se calcula la pensión por jubilación anticipada voluntaria Véanse aquí los requisitos de acceso y como se calcula la pensión por jubilación anticipada forzosa

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Requisitos para que los jubilados puedan trabajar sin estar dados de alta como autónomos

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de julio de 2025, ha ampliado la interpretación del artículo 213.4 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que regula la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo autónomo sin darse de alta en el RETA, siempre que los ingresos sean inferiores al SMI. El artículo 305 de la Ley General de la Seguridad Social establece que todos los trabajadores por cuenta propia que ejerzan una actividad de forma habitual deben darse de alta en el RETA. Sin embargo, el artículo 213.4 de esa LGSS establece una excepción a esa regla, contemplando la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia que se encuentran percibiendo la pensión de jubilación puedan continuar obteniendo ingresos por actividades económicas sin darse de alta, en el caso de trabajos puntuales que generan ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante el ejercicio.  El Tribunal Supremo ha suavizado esas condiciones para que los jubilados que cobran una pensión puedan trabajar como autónomos sin la obligación de darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Según la sentencia del alto Tribunal, los jubilados podrán compatibilizar su pensión con una actividad por cuenta propia sin cotizar al RETA, siempre que los ingresos netos de esa actividad no superen el SMI. Es decir, siempre que sus ingresos netos no superen los 16.576 euros anuales (en 2025). El fallo señala que “los ingresos anuales deben computarse conforme a los parámetros fijados por la legislación fiscal y en términos netos, es decir, excluyendo de los rendimientos íntegros los gastos deducibles”. Por tanto, para calcular si se supera o no el SMI se deben en cuenta los beneficios de la actividad, y no la facturación. Sobre la habitualidad Además, el Tribunal Supremo elimina el criterio de la habitualidad como elemento determinante para decidir si un jubilado debe o no darse de alta en el RETA. Según el Supremo, la literalidad de la norma no habla sobre establecimiento abierto, ni habitualidad. El único límite que existe, en estos casos, es el salario mínimo.  Mientras que los autónomos no jubilados están sujetos a este requisito (la habitualidad en el ejercicio de la actividad), los pensionistas que compatibilizan su pensión con un trabajo por cuenta propia solo deberán tener en cuenta que sus rendimientos netos no superen el SMI. Según el fallo, el encuadramiento y alta en el RETA del pensionista de jubilación no procede cuando perciba una pensión de jubilación contributiva y realice trabajos por cuenta propia con rendimientos netos inferiores al SMI. Además, cuando se da este caso, "no procede analizar la concurrencia o no del requisito de habitualidad”. Excepciones a la no obligación de alta La nueva jurisprudencia del Supremo no se aplica a todos los casos, quedando fuera los jubilados que acceden a la pensión de forma anticipada por trabajos penosos o peligrosos, así como los autónomos societarios (aquellos que realizan su actividad a través de una empresa de la que son socios o administradores). En ambos casos, la obligación de alta en el RETA sigue vigente con independencia del nivel de ingresos. En conclusión, la nueva sentencia del Tribunal Supremo permitirá a más pensionistas seguir prestando servicios como autónomo de forma puntual sin necesidad de cotizar a la Seguridad Social, al flexibilizar el límite de ingresos refiriéndolo a los rendimientos netos de actividades económicas y no a los ingresos brutos.

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Pensión de viudedad: ¿tienen derecho a la misma los divorciados y separados?

En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, concurriendo los requisitos generales en cada caso exigidos al causante, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que la persona beneficiaria de pensión no hubiera contraído nuevas nupcias o no hubiera constituido una pareja de hecho. Estos son los requisitos exigidos en relación con el causante de la pensión (la persona fallecida cuyo fallecimiento causa el derecho a pensión): Encontrarse en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha de su fallecimiento y haber completado un período de cotización de 500 días, dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión. En los supuestos en que esta se cause desde una situación de alta o de asimilada a la de alta sin obligación de cotizar, el período de cotización de 500 días deberá estar comprendido dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. Si la causa de la muerte fuera un accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, no se exigirá ningún período previo de cotización. También tendrá derecho a la pensión de viudedad el cónyuge superviviente, aunque el causante, a la fecha de fallecimiento, no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta, siempre que el mismo hubiera completado un período mínimo de cotización de 15 años. Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y esta quedase extinguida a la muerte del causante. De acuerdo con ese artículo 97 del CC, el cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia. Importe máximo de esa pensión de viudedad Si la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última. Tendrán derecho a pensión de viudedad las víctimas de violencia de género divorciadas o separadas, aunque no percibiesen pensión compensatoria En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento También, en defecto de sentencia, lo podrán acreditar a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho. ¿Qué derecho tiene la persona divorciada si, además, el causante tenía en el momento de su fallecimiento un cónyuge o pareja de hecho? Si, habiendo mediado divorcio, se produjera una concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, esta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 40% a favor del cónyuge superviviente o, en su caso, del que, sin ser cónyuge, conviviera con el causante en el momento del fallecimiento y resultara beneficiario de la pensión de viudedad como pareja de hecho (por cumplir los requisitos exigidos). ¿Existe derecho a la pensión de viudedad en caso de nulidad matrimonial? En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá al superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización a que se refiere el artículo 98 del Código Civil, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos que dan derecho a los supervivientes de la pareja de hecho a cobrar la pensión de viudedad. Según el artículo 98 del Código Civil “El cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido declarado nulo tendrá derecho a una indemnización si ha existido convivencia conyugal”. En caso de nulidad, la pensión de viudedad será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante, sin perjuicio de los límites que puedan resultar en el supuesto de concurrencia de varios beneficiarios.

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