El Tribunal Supremo ha iniciado el "procedimiento de ejecución forzosa de la sentencia firme que obliga al Gobierno a hacer efectiva la jubilación anticipada de los policías nacionales" y, de este modo, regular este derecho en condiciones de igualdad con otras policías del Estado.

Una decisión que llega después de que hayan transcurrido los plazos legales sin que se haya materializado el mandato judicial. Ante esta situación, el Supremo activa ahora el mecanismo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para forzar el cumplimiento de sus propias sentencias, un paso que evidencia la gravedad del incumplimiento. Así, requiere formalmente al Gobierno para que, en un plazo improrrogable de cinco días (cumplidos el pasado 3 de febrero), identifique el órgano responsable de ejecutar el fallo y detalle qué actuaciones concretas ha llevado a cabo para cumplir la resolución judicial.