Este documento demuestra que las personas mayores experimentan restricciones en el ejercicio de sus derechos, en el acceso a bienes o servicios, que no están justificadas y que constituyen una discriminación por motivos de edad. Además, pone de manifiesto que las personas mayores son un grupo en situación de vulnerabilidad porque deben enfrentarse a una serie de barreras (sociales, culturales, económicas, administrativas o urbanísticas, entre otras) que les impiden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos.Entre las conclusiones y recomendaciones que se proponen en el documento, específicas para el contexto español, destacan los cambios normativos y la adaptación de los planes, estrategias y políticas públicas a la realidad social y características de las personas mayores. Entre ellas, se propone que en España se realice una intervención contra la violencia contra las personas mayores que tenga un enfoque integral y no exclusivamente punitivo, similar al de la Ley Integral contra la Violencia de Género. También entre otras reformas, se propone una Ley de Igualdad de trato que incluya y proteja a las personas mayores frente a todo tipo de discriminación, modificaciones en el sistema de incapacitación y una Convención internacional para los derechos humanos de las personas mayores como instrumento internacional para conseguir la plena protección de los derechos de un grupo de población creciente en el mundo y en España.