El gobierno chileno sigue ultimando un proyecto de reforma que pretende actualizar algunas aspectos menores del sistema de pensiones. Desde el año 1980, el país latinoamericano canaliza las cotizaciones sociales de los trabajadores hacia un modelo de capitalización en el que dichas aportaciones se invierten en fondos con distinto perfil de riesgo, generando ahorro durante toda la vida laboral de los trabajadores.

Según los datos oficiales que ha comunicado el gobierno a la Cámara de Diputados (mensaje n. 171-366, con fecha 28/10/2018), el sistema de pensiones chileno exige una cotización mensual del 10% del coste laboral, tres veces menos de lo que vemos en España. La rentabilidad de las inversiones realizadas con los ahorros de los trabajadores alcanza ya el 8,2% anual, descontando la inflación.