Chile: una reforma de las pensiones que revolucionó el mundo
La transición hace más de 30 años hacia un sistema de capitalización individual ha logrado que los chilenos tengan una tasa de sustitución del 42%, aunque aún está lejos de garantizar ingresos cercanos a los de antes de la jubilación. Por eso, el Gobierno quiere realizar reformas para dar más peso al sistema público, a contracorriente de lo que ocurre en Europa.
La experiencia de Chile en 1981implicó una absoluta revolución, en el sentido de eliminar totalmente elesquema público de prestaciones basado en el sistema de reparto, y transformarloen un sistema privado, obligatorio y de cuentas individuales de capitalización.Una decisión que sirvió de ejemplo, en mayor o menor medida, a otros países dela región y un espejo en el que ahora se mira Europa a la hora de afrontar susproblemas demográficos y decidir el futuro de sus pensiones. Aunque los paíseseuropeos no adoptarán medidas tan drástica, las reformas de sus sistemaspúblicos para hacerlos más sostenibles se suceden por doquier y la idea es darun mayor peso paulatino a los sistemas privados de capitalización. En Chile ocurre lo contrario: el actual Gobierno aboga por dar un mayor peso a los sistemas públicos.
Elsistema de pensiones del país tiene tres componentes: un primer pilar estatal, residualy basado en la redistribución, que soloasegura un 4,8% de ingresos con respecto al último salario tras la jubilación-frente al 74% en España- y que implica gastos del 3,6% del PIB, frente al 10%de España-; un segundo pilar obligatorio y basado en cuentas de capitalizaciónindividuales de contribución definida; y un tercer pilar voluntario.
Lacolumna vertebral del sistema es el segundo pilar, que supone el 37,2% de losingresos con respecto al último salario tras la jubilación, frente al 27% quesuponen los ingresos de los sistemas privados -tanto obligatorios comovoluntarios- sobre el último salario en los países de la OCDE, de media. Esoexplica que el capital en fondos de pensiones suponga el 60% de su PIB, frenteal 35% de media en la OCDE (media simple, o 77% si es ponderada) o al 8,4% enEspaña. Con su sistema, en total, los chilenos tienen una tasa de sustituciónde sus pensiones del 41,9%, según los últimos datos de la OCDE, frente a lamedia del 68% en esos países.
A pesar de esos datos, en una reciente conferencia, JoséPiñera, el padre de la reforma que privatizó las pensiones en Chile, defendíapor qué España debería pasar del sistema de reparto en pensiones a uno decapitalización asegurando que su modelo incentiva el ahorro, el trabajo y elesfuerzo y no pone en jaque las cuentas públicas ante los retos demográficos.Piñera: por qué España debería pasar del sistema de reparto en pensiones a unode capitalización
¿Cómo funciona el sistemaobligatorio?
Según el sistema, tanto lasaportaciones obligatorias -se exige un 10% de los ingresos y con ciertosmáximos- como la rentabilidad generada por las mismas son acumuladas en unacuenta de capitalización individual, cuya cuantía sirve para atender a lasprestaciones que se generen. La administración de los fondos acumulados porcada trabajador es realizada por entidades privadas, denominadas administradorasde fondos de pensiones (AFP), cuya supervisión es encomendada a laSuperintendencia de AFP. La afiliación es obligatoria para los trabajadores porcuenta ajena que se incorporaron al mercado de trabajo desde el 1 de enero de1983, y voluntaria para los trabajadores por cuenta ajena que hubieran cotizadoen el sistema anterior a la reforma.
Losciudadanos pueden elegir dónde invertir: en el año 2000 se introdujo el sistemamultifondos, el cual permitía a las AFP ofrecer a sus afiliados dos tipos de fondoscon distinto perfil de riesgo. Actualmente, los hombres menores de 55 y las mujeresmenores de 50 años pueden elegir entre los cinco tipos de fondos disponibles,mientras que los que sobrepasan esas edades sólo eligen entre los cuatro fondosde menor riesgo, y los jubilados entre los tres fondos de menor riesgo, según un reciente informe de Inverco. Además,con el fin de mejorar el importe de la pensión de vejez, el afiliado puedeaumentar voluntariamente el capital de su cuenta de capitalización individual,deducible de impuestos y con un límite máximo.
Estesistema permite acceder a la prestación por jubilación antes de la edad legal(jubilación anticipada), aunque la edad normal de retiro suelen ser los 65 añosen los hombres y los 60 en las mujeres. Además, los ciudadanos pueden solicitarsu prestación a la vez que siguen trabajando. Pero para ese acceso, esnecesario que los fondos acumulados en la cuenta individual permitan generaruna pensión que cumpla simultáneamente dos requisitos: ascender al menos al 50%del promedio de las rentas imponibles, actualizadas, de los últimos diez años ysu importe ser igual o superior al 110% de la pensión mínima garantizada por elEstado.
Elafiliado que cumpla los requisitos para obtener una pensión puede optar portres alternativas: renta vitalicia inmediata; renta temporal con renta vitaliciadiferida y retiros programados, en los que el afiliado opta por mantener losfondos de su cuenta individual en la AFP y efectuar retiros mensuales con cargoa ésta.
¿Reformashacia un sistema con más peso público?
Una tasade sustitución que no llega al 42% según la OCDE y las dificultades de algunoscolectivos para acceder a la pensión son motivos por los que el país estáplanteándose reformas que den mayor peso al sistema público, al contrario de loque sucede en Europa. Actualmente, el Estado garantiza una pensión básicasolidaria a partir de los 65 años y disponible para la población más pobre quehaya vivido en el campo durante al menos 20 años y al menos cuatro de los cincoúltimos años antes de la solicitud. Tras la reforma de 2008, también seestableció otra pensión complementaria para mejorar los estándares dejubilación de los trabajadores con menores rentas, destinada a aquellos cuyaspensiones de contribución definida sean menores a una determinada cantidad.
Yactualmente, el Gobierno de Michelle Bachelet analiza nuevos cambios y reformaspara asegurar pensiones razonables y dignas: la presidenta aboga por crear unaAFP estatal.
