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Foro de expertos   13 Oct 2026

Ed Palmer in memoriam

In memoriam

Ed Palmer in memoriam

Un hombre bueno y sabio

Edward Palmer (EE.UU. 1941, Estocolmo 2026), Dr. en Economía, Profesor Emérito de la Universidad de Uppsala falleció en Estocolmo el pasado 8 de octubre. 

Ed desempeñó un papel decisivo en la creación, a finales del siglo pasado, del sistema sueco de Pensiones basadas en el Método de Aportación Definida No Financiera (Non-financial Defined Contribution, ó NDC), más conocido en España como el sistema de “Cuentas Nocionales” de Seguridad Social. 

Sus amplias capacidades analítica, para el consenso y para la formulación técnica de dicho sistema, desde el corazón de la comisión técnica nombrada por el gobierno sueco, lograron aunar las voluntades de las partes sociales, sindicales  y empresariales suecas del momento en un proceso vertiginoso, sustancial y normativo en el que se sentaron las bases de la actual estabilidad financiera y social del sistema sueco de pensiones. Numerosos países, después, se han beneficiado de la asistencia de Ed en la materia, siendo Irlanda, recientemente, el último de los que se han sumado a la implementación de la “revolución nocional de las pensiones”.

Ed se incorporó al Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones y Longevidad el 19 de julio de 2019 reemplazando a su gran amigo Robert Holzmann, recién nombrado este último gobernador el Banco de Austria. Todos sus compañeros en dicho Foro nos hemos beneficiado enormemente de los debates con Ed, de su magisterio y de su competencia técnica y analítica, de lo que ha resultado una serie de excelentes documentos sobre pensiones, longevidad y materias afines que hoy son un tesoro que mantenemos con pasión y agradecimiento.

Por encima de todo esto, brillaba, además, la bonhomía de Ed. Un hombre bueno y sabio que siempre nos escuchó y aconsejó desde su inmensa altura. Nada de lo que hemos producido sus compañeros en todos estos años en los que hemos disfrutado de su camaradería habría sido mejor sin su asistencia. 

Se ha ido un camarada al que queríamos y cuyo recuerdo nos reconfortará siempre.

Descansa en paz, Ed.

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Las pensiones de los miembros del Parlamento (Congreso y Senado)

El sistema vigente tiene en 2011 su punto de inflexión. Antes de 2011 existía una "pensión parlamentaria" que fue derogada pero no extinguida con efectos retroactivos. Los parlamentarios actuales están plenamente integrados en el Régimen General de la Seguridad Social o Mutualidades Alternativas. También fue derogado en 2011 el mantenimiento en alta en la Seguridad Social y la complementación de ingresos, sólo subsistiendo el derecho a su percepción para quienes tuviesen ya reconocidas las prestaciones a 23 de julio de 2011, así como la ayuda al cónyuge viudo o hijos menores de 25 años. Profundizamos en el sistema desde tres perspectivas: el mecanismo de cotización, el cálculo de las pensiones y los arreglos transitorios aún vigentes. Encaje en la Seguridad Social y mecanismo de cotización El encaje en la Seguridad Social de los parlamentarios varía según su trayectoria profesional previa. Conforme al artículo 9 del Reglamento del Congreso de los Diputados, es la Cámara la que asume la cotización de los parlamentarios. Respecto de quienes proceden del Régimen General o de Mutualidades Alternativas, la cotización corre a cargo del presupuesto del Congreso. Para quienes no estaban previamente afiliados, la Cámara tramita su alta. En el caso de los funcionarios públicos en situación de suspensión de funciones por razón de su escaño, el Congreso asume la cuota correspondiente al régimen de Clases Pasivas. Cabe destacar que los parlamentarios no pueden percibir simultáneamente pensión pública durante su mandato. Según el artículo 158.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, diputados y senadores "no podrán percibir retribución alguna por el ejercicio de su función como tales que sea compatible con las asignaciones o pensiones que les correspondan", si bien el derecho a pensión se restablece automáticamente al cesar en el cargo. Esta norma evita la duplicidad de prestaciones públicas. Tipos de pensión para parlamentarios y forma de cálculo Las prestaciones a favor de los parlamentarios pueden clasificarse en tres categorías, con destinatarios y mecánicas de cálculo distintas: 1. La pensión parlamentaria Se trata de una prestación complementaria creada por el Reglamento de Pensiones Parlamentarias de 2006, aplicable a los exdiputados con al menos siete años de mandato que hayan cumplido 65 años y tengan reconocido el derecho a la jubilación, o bien hayan cumplido 60 años y cuenten con 40 años cotizados. Su importe equivale a la diferencia entre el límite máximo de pensión pública y las demás pensiones que perciba el exdiputado, aplicando un porcentaje según los años de mandato: 80% entre 7 y 9 años de mandato. 90% entre 9 y 11 años. 100% a partir de 11 años de permanencia como parlamentario. Los exparlamentarios con mandatos inferiores a siete años, y que por tanto no cumplían el requisito para la pensión parlamentaria, podían solicitar una indemnización por cese equivalente a dos mensualidades Este régimen fue derogado en 2011, pero sin efectos retroactivos, por lo que quienes hubiesen devengado el derecho a su percepción con anterioridad al 13 de diciembre de 2011 siguen cobrándolo. 2. Indemnización equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato Los exparlamentarios que cesen en su mandato, siempre que hayan permanecido al menos dos años en el cargo, tienen derecho a una indemnización equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato (o fracción superior a seis meses), hasta un máximo de 24 mensualidades. Es incompatible con cualquier otra retribución o percepción pública o privada. 3. Pensión de la Seguridad Social Pensión de la Seguridad Social. Para los parlamentarios elegidos a partir de 2011, su prestación por jubilación se rige íntegramente por las normas ordinarias de la Seguridad Social (alcanzada la edad legal de jubilación y acreditados los períodos mínimos de cotización, la pensión se calcula conforme al Régimen General, sin complemento parlamentario alguno) o bien al Régimen de Clases Pasivas . La Cámara únicamente asume la cotización durante el mandato. Además, las Cortes Generales tienen concertada una póliza de seguro de accidentes corporales a favor de los Diputados y Senadores que cubre riesgos de muerte por accidente, incapacidad permanente y otras lesiones. Las Cámaras tienen también un plan de previsión social complementario, pero las aportaciones al mismo están suspendidas desde 25 de enero de 2012. Los arreglos transitorios de la reforma de 2011 La reforma de 19 de julio de 2011 no supuso una ruptura absoluta de la protección de los exparlamentarios. la Cámara mantiene para exparlamentarios con mandatos inferiores a siete años que al cesar tengan 55 años o más y carezcan de actividad profesional su alta en la Seguridad Social, hasta que completen el período mínimo para acceder a la jubilación. Asimismo, los cónyuges viudos y los hijos menores de 25 años pueden solicitar ayudas económicas en supuestos concretos. En la actualidad hay un número reducido y decreciente de exparlamentarios percibiendo la pensión parlamentaria o complementos de ingresos conforme al régimen antiguo. En febrero de 2026 un total de 106 personas percibían la pensión parlamentaria, con un gasto mensual de unos 124.000 euros. Otros 35 exparlamentarios y 48 cónyuges viudos recibían complementos de ingresos, con un gasto mensual aproximado de 70.000 euros. En conclusión…Los parlamentarios actuales están plenamente integrados en el marco ordinario de la Seguridad Social, y la Cámara asume el coste de la cotización, pero sin reglas de cálculo propias. La llamada "pensión vitalicia" es en realidad un vestigio de un régimen jurídico ya derogado, cuyo colectivo beneficiario se reduce progresivamente. Más Información ¿A qué régimen cotizan los diputados y senadores?

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Un tercio de los futuros jubilados españoles no sabe cuánto le durará su dinero

El informe La revolución de la longevidad: cómo prepararse para una nueva realidad, publicado en febrero de 2026 y elaborado por la Fundación del Instituto Español de Analistas en colaboración con Fidelity International, revela que el 33% de los futuros jubilados españoles reconoce que no sabe cuánto le durarán sus ahorros. A esto se suma que el 40% de los mayores de 50 años presenta una "brecha de conocimientos sobre longevidad". Su preparación financiera cubre diez años menos que la esperanza de vida media de su región. Esa incertidumbre se está convirtiendo en un riesgo más silencioso y peligroso que el propio nivel de la pensión. Uno de cada tres futuros jubilados encuestados no sabe cuánto le durará su dinero Este informe, elaborado por Fundación del Instituto Español de Analistas, se basa en una encuesta realizada en 13 mercados a 11.800 personas mayores de 50 años. Los datos dibujan un panorama que va más allá de una sola cifra: a escala global, más de un tercio de los trabajadores próximos a la jubilación todavía no ha empezado a planificar su retiro, y solo el 15% ha buscado asesoramiento financiero, pese a que casi la mitad de los encuestados sitúa "el dinero" como su mayor preocupación. El caso español sigue la tendencia global, pero con un telón de fondo propio. La sostenibilidad del sistema público de pensiones es uno de los retos centrales para los responsables de política económica del país, y el aumento continuo de la esperanza de vida junto con el descenso de la natalidad refuerzan aún más la importancia de la planificación individual. El núcleo del problema no es "tener o no tener dinero", sino "saber cuánto tiempo puede durar" Tradicionalmente, la planificación de la jubilación se ha centrado en "cuánto se ha ahorrado". Pero haber ahorrado, pero no saber cuánto puede durar ese dinero, equivale a no haber planificado bien. El Informe habla de "brecha de conocimientos sobre longevidad", centrado su atención sobre ella. El 40% de los mayores de 50 años ha planificado sus finanzas para un horizonte 10 años inferior, o más, a la esperanza de vida media de su zona. Es decir, al calcular el capital necesario, subestiman sistemáticamente los gastos de la última década. Y es precisamente esa "última década" la que suele venir acompañada de un mayor gasto sanitario, de posibles necesidades de cuidados de larga duración y del desgaste continuado de la inflación sobre los ingresos fijos. La otra cara del problema es que tener un plan marca una diferencia enorme. Entre las personas próximas a la jubilación, la proporción de quienes se sienten económicamente "preparados" alcanza el 78% entre quienes tienen un plan, frente a solo el 55% entre quienes no lo tienen. El plan en sí (aunque sea imperfecto) ya reduce la brecha de la ansiedad. ¿Por qué la "incertidumbre" es más peligrosa que la "insuficiencia" de ingresos? Una pensión insuficiente es un problema cuantificable, en el que se puede calcular la brecha, definir medidas correctoras y establecer un plan de compensación. En cambio, "no saber cuánto puede durar el ahorro" es distinto: deja sin base todas las demás decisiones. Si no sabes si tus ahorros deben cubrir 25 o 35 años, no puedes determinar cuánto retirar cada mes. Si no sabes si a los 80 años seguirás teniendo que afrontar gastos médicos o de cuidados elevados, no puedes evaluar si tu estrategia de inversión actual es lo bastante conservadora. Si no sabes durante cuánto tiempo la inflación erosionará tu poder adquisitivo, no puedes fijar cuál es la "tasa de retirada de ahorro segura". Un análisis del Foro Económico Mundial señala que la planificación de la jubilación ha dependido durante mucho tiempo de una única cifra (por ejemplo, la "regla del 4%") para simplificar la complejidad. Pero esa simplificación implica supuestos concretos sobre rentabilidad, inflación y longevidad. Cuando esas condiciones cambian, la sostenibilidad de una tasa de retirada fija se tambalea. Una cifra que era "segura" al principio puede dejar de serlo veinte años después. Tres decisiones que pueden cambiar el panorama La recomendación del informe no es que los futuros jubilados se conviertan en actuarios, sino que señala varias vías capaces de transformar sustancialmente los resultados: Tratar el "cuánto viviré" como una variable de planificación. Lo prudente es planificar “a lo alto” hasta los 90-95 años, no confiar en la esperanza de vida media. En el caso español, esto significa que, si se jubila a los 65, debe prepararse para 25-30 años de vida de jubilado, no para 20-21. Distinguir entre "ingresos seguros" e "ingresos flexibles". La pensión pública ofrece una base de ingresos vitalicia y ajustada a la inflación. Es la protección más esencial frente al riesgo de longevidad. Pero por sí sola no suele bastar para mantener el nivel de vida previo a la jubilación. El papel del ahorro complementario no es "sustituir" la pensión, sino cubrir la diferencia entre lo que esta aporta y los ingresos necesarios, además de servir de colchón para gastos puntuales elevados, como la sanidad o los cuidados. Empezar antes con una planificación "imprecisa" vale más que empezar tarde con una planificación "precisa". Los datos muestran que quienes tienen un plan (aunque sea impreciso) presentan una seguridad económica 23 puntos porcentuales superior a quienes carecen de uno. La esencia de la planificación no es calcular de una vez la respuesta correcta a las necesidades futuras, sino construir un marco que pueda ajustarse de forma continua a medida que cambian la esperanza de vida, el entorno de mercado y las necesidades personales. El plan que se hace a los 60 años casi con certeza necesitará modificarse a los 75, pero para ello es imprescindible que a los 60 ya exista un plan. La longevidad es uno de los mayores logros de salud pública del último siglo. Pero al mismo tiempo ha convertido un problema financiero que antes resolvía por sí sola la "duración de la vida" en un proyecto de largo plazo que exige una gestión activa. Que uno de cada tres futuros jubilados no sepa cuánto le durará su dinero no es solo una laguna cognitiva individual, sino también un desafío estructural al que deben responder la educación financiera y el sistema de asesoramiento.

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Pensión de viudedad en 2027: forma de cálculo y requisitos de acceso

La normativa no experimentará, al menos para el inicio de 2027, cambios sustanciales respecto a lo vigente en 2026, salvo la revalorización de las pensiones, y la actualización especifica de las pensiones mínimas y máximas. Estos son y serán en 2027 los requisitos para acceder a una pensión de viudedad y la forma de cálculo de la misma: Requisitos de acceso a la pensión de viudedad: ¿Quién puede cobrarla? Para generar derecho a una pensión de viudedad, deben cumplirse dos tipos de condiciones: las que afectan a la persona fallecida (causante) y las que afectan al superviviente (beneficiario. Requisitos del causante (la persona fallecida) El fallecido debía encontrarse en alguna de estas situaciones: En alta o situación asimilada. Si el fallecimiento se debió a enfermedad común, se exigen 500 días cotizados ininterrumpidos dentro de los 5 años anteriores al mismo o a la fecha en que cesó la obligación de cotizar (situación asimilada al alta sin obligación de cotizar). Si fue por accidente (laboral o no) o enfermedad profesional, no se exige cotización previa. En caso de no estar de alta en el momento del fallecimiento, debe haber cotizado al menos 15 años a lo largo de su vida laboral si el fallecimiento fue por enfermedad común o accidente no laboral. Pensionistas. Si el causante ya percibía una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente, el requisito se entiende cumplido. Se consideran muertos por accidente de trabajo o enfermedad profesional quienes tengan reconocida por tales contingencias una incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez. Perceptores de subsidios de incapacidad temporal, riesgo durante embarazo, maternidad, paternidad, riesgo durante la lactancia natural, que cumplan el período de cotización requerido. Requisitos exigidos al beneficiario (el superviviente) La norma general exige ser cónyuge o pareja de hecho del causante fallecido. En el caso de las parejas de hecho, es necesario estar inscrito en un registro oficial de la Comunidad Autónoma o Ayuntamiento lugar de residencia, o la formalización de documento público en elque conste constitución de pareja, con al menos 2 años de antelación al fallecimiento, y acreditar 5 años de convivencia ininterrumpida estable y notoria (o 2 años si hay hijos comunes). En el caso de matrimonios, si el fallecimiento derivase de enfermedad común anterior al matrimonio, el cónyuge superviviente deberá además acreditar uno de los siguientes requisitos: Que existen hijos comunes del matrimonio. bien que el matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación al fallecimiento. No se exigirá dicha duración del matrimonio, cuando en la fecha de celebración de este se acreditará un periodo de convivencia con el causante como pareja de hecho que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos años. Existen supuestos especiales que generan derecho a pensión de viudedad: Los divorciados o separados, y parejas de hecho extinguidas. En estos casos, solo tienen derecho a la pensión de viudedad si percibían una pensión compensatoria que se extingue con el fallecimiento, hasta un máximo del importe de esa compensatoria. Si el fallecido había formado una nueva pareja, la pensión se reparte entre la expareja y el viudo en función del tiempo de convivencia, garantizando al viudo actual al menos el 40% de la base reguladora. Las víctimas de violencia de género pueden acceder a la pensión sin necesidad de cumplir otros requisitos adicionales, incluso en casos de divorcio o separación. El superviviente cuyo matrimonio hubiera sido declarado nulo. Forma de cálculo de la pensión de viudedad: ¿Cuánto se cobra? El cálculo de la pensión de viudedad parte de una base reguladora del fallecido, a la que se aplica un porcentaje para determinar la pensión, que puede variar sobre el general aplicado si existen cargas familiares y ausencia de otros ingresos, o bien si se tiene más de 65 años y no se dispone de otros ingresos. La base reguladora se determina de forma distinta según la situación laboral del causante y la causa del fallecimiento: Si el causante era pensionista (jubilación o incapacidad permanente), se utiliza la misma base reguladora que sirvió para calcular su pensión de jubilación o incapacidad, actualizada en el importe de las revalorizaciones que, para las pensiones de viudedad, hayan tenido lugar desde la fecha en que se causó la pensión originaria. Si era trabajador en activo: Si el fallecimiento fue por enfermedad común, se suman las bases de cotización de 24 meses ininterrumpidos elegidos dentro de los últimos 15 años y se dividen entre 28. Si fue por accidente laboral o enfermedad profesional, se calcula sobre los salarios reales. La base reguladora será el resultado de dividir por 12 los siguientes conceptos: Sueldo y antigüedad diarios del trabajador en la fecha del accidente o de la baja por enfermedad profesional multiplicado por 365 días. Las pagas extraordinarias, beneficios o participación, por su importe total en el año anterior al accidente o a la baja por enfermedad. Los pluses, retribuciones complementarias y horas extraordinarias percibidas en el año anterior al accidente, divididos por el número de días efectivamente trabajados en dicho período. El resultado se multiplicará por 273, salvo que el número de días laborales efectivos en la actividad de que se trate sea menor en que se aplicará el multiplicador que corresponda. Sobre esa base reguladora se aplica un porcentaje para calcular la pensión de viudedad, que varía según las circunstancias: Viudedad: porcentaje aplicado sobre base reguladora para calcular la pensión Situación del beneficiario Porcentaje sobre la base reguladora Porcentaje general 52% Mayores de 65 años sin otra pensión ni ingresos laborales 60% Beneficiarios con cargas familiares y dependencia económica 70% Con carácter general, se aplica un 52% de la base reguladora del causante. El porcentaje se incrementará hasta 70% de dicha base reguladora si se cumplen estas 3 condiciones: El pensionista tuviese cargas familiares, entendiéndose que existen cuando:Tuviese hijos (o acogidos) menores de 26 años o discapacitados, siempre que conviviesen y tuviesen dependencia económica del beneficiario. Las rentas de toda la unidad familiar dividida por el número de miembros fuesen inferiores al 75 % SMI, excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias. La pensión de viudedad sea la principal o única fuente de ingresos del beneficiario. Se entiende que se cumple este requisito cuando la misma supone, al menos, el 50% de sus ingresos totales. El beneficiario debe obtener rendimientos anuales totales que no superen la cuantía resultante de sumar al límite para cobrar los complementos por mínimos de las pensiones contributivas el importe anual de la pensión mínima de viudedad con cargas familiares. Este límite de ingresos en 2026 es de 27.034,40 euros anuales (9.442 + 17.592,40). En caso contrario, se reducirá la cuantía de la pensión de viudedad a fin de no superar dicho límite. El porcentaje aplicado sobre la base reguladora para calcular la pensión de viudedad asciende a un 60% para los mayores de 65 años si cumplen estos requisitos: Que el beneficiario no tenga derecho a otra pensión pública (española o extranjera) y que no perciba ingresos por la realización de trabajo por cuenta ajena o propia. Que no reciba otros rendimientos en cuantía superior a los límites exigidos para acceder a la pensión mínima por viudedad (9.442 euros/año en 2026). En los casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, la pensión de viudedad se aumentará, según la gravedad de la falta, de un 30% a un 50% cuando la lesión se produzca por falta de medidas de prevención de riesgos laborales. Importes mínimos y máximo de la pensión de viudedad La pensión de viudedad no puede superar el límite máximo general de pensión (que en 2026 asciende, 3.359,60 euros al mes y 47.034,40 euros anuales, y en la fecha de este artículo está aún pendiente su actualización para 2027). En la práctica, es casi imposible alcanzar esta cifra solo con una pensión de viudedad, porque incluso aplicando el 70% sobre la base máxima de cotización, los requisitos de ingresos hacen inviable el supuesto (véase aquí por qué). Si la pensión de viudedad calculada queda por debajo de unos mínimos, se complementará (a través del complemento de mínimos) hasta alcanzarlos. Para 2026, esas cuantías mínimas mensuales de pensión de viudedad son: Con cargas familiares: 1.256,60 € Mayor de 65 años o con discapacidad ≥65%: 936,20 € Entre 60 y 64 años: 875,90 € Menor de 60 años: 709,40 € Compatibilidad de la pensión de viudedad La pensión de viudedad es compatible con cualquier renta de trabajo, con independencia del salario percibido por la actividad laboral. Por lo tanto, la pensión de viudedad es también compatible con cualquier prestación que sustituya a dichas rentas de trabajo, entre ellas con las prestaciones por desempleo, con las pensiones contributivas de jubilación o incapacidad permanente, y con los subsidios de incapacidad temporal, cuida de hijos (maternidad/paternidad), riesgo durante el embarazo y lactancia. En cambio, es incompatible con las prestaciones asistenciales (no contributivas). El complemento para la reducción de la brecha de género es compatible con la pensión de viudedad. La pensión de viudedad se percibirá en 14 pagas (12 pagas ordinarias y 2 pagas extraordinarias). Se exceptúa el caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional, en cuyo caso será abonada en 12 pagas. La pensión de viudedad se puede solicitar en cualquier momento tras el fallecimiento, pero el cobro tiene una retroactividad máxima de 3 meses. Es decir, si se tarda más de un trimestre en pedirla, los meses anteriores se pierden. La solicitud se puede realizar telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social o del Portal Tu Seguridad Social. Más Información Ni matrimonio ni pareja de hecho: ¿Qué ocurre con la pensión de viudedad y la herencia? ¿Tienen derecho a pensión de viudedad las parejas que no estén casadas? Si tu pareja fallece y no tienes derecho a la pensión de viudedad, podrías cobrar la prestación temporal de viudedad En caso de fallecimiento, ¿Qué parte de los ingresos familiares cubren las pensiones de viudedad y orfandad, y qué parte cubre el seguro de vida?

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