Fedea: “Revertir la reforma de 2013 sin tomar nuevas medidas puede hacer el sistema de pensiones inviable”
Sin medidas alternativas, derogar esta reforma añadiría, en promedio durante el próximo medio siglo, entre 3,0 y 3,6 puntos de PIB al déficit anual del sistema de Seguridad Social
Las reformas de las pensiones de los años 2011 (Ley 27/2011) y 2013 (Ley 23/2013), se aplicaron con el objetivo de adecuar el sistema a los retos venideros y ayudar a corregir el déficit de la Seguridad Social. La primera de ellas endurecía el acceso a la jubilación, incrementando gradualmente la edad ordinaria de los 65 años 67 años, ampliando el periodo de cotización requerido para acceder al 100% de la pensión, de 35 a 37 años, e incrementando el periodo de cotizaciones con el que se calcula la base reguladora, desde los últimos 15 años a los últimos 25 años. La reforma de 2013 incorporaba el Índice de Revalorización de las Pensiones, que sustituía al IPC como referencia para la revalorización de las pensiones, incorporando variables en la fórmula relacionadas con la salud de las cuentas de la Seguridad Social. También el Factor de Sostenibilidad, con entrada en vigor prevista en 2019 y que ajustaba la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida. Si ésta aumenta, que es lo que previsiblemente pasará durante los próximos años, la cuantía de la pensión se reduce, pues se presume que se cobrará durante un mayor número de años.
Sin embargo, en 2018 ha quedado suspendida la reforma de 2013, dejando importantes dudas sobre si va a ser retomada de nuevo y, en caso afirmativo, de qué forma. Tras la aprobación de los Presupuestos Generales de 2018, se suspendió la aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones en 2018 y 2019, vinculándose el incremento anual en ambos años al IPC. Por otro lado, la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad se retrasa hasta una fecha no posterior al 1 de enero de 2023.
Los peligros de abandonar esta reforma
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), advierte en su estudio “¿Hacia una nueva reforma de las pensiones? Notas para el Pacto de Toledo” de los riesgos de derogar la reforma de 2013 sin un plan alternativo. Concretamente, implicaría un incremento muy considerable del gasto en pensiones durante las próximas décadas, hasta el punto de poder volver el sistema inviable. Sin medidas alternativas, derogar esta reforma añadiría, en promedio durante el próximo medio siglo, entre 3,0 y 3,6 puntos de PIB al déficit anual del sistema de Seguridad Social dependiendo de la evolución de los flujos migratorios que, en todo caso, paliarían pero no solucionarían el problema. Este déficit podría alcanzar en 2070 niveles entre el 150% y el 170% del PIB. El freno a este incremento pasaría por aportar recursos al sistema, que provendrían del incremento de cotizaciones sociales o de incrementos de las aportaciones del Estado, que se financiarían vía impuestos.
Los autores del estudio argumentan que sería deseable mantener los factores correctores contemplados en la reforma de 2013 o, en su defecto, “buscar otras alternativas que ayuden a contener el crecimiento del gasto en pensiones, en vez de fiar por entero la viabilidad del sistema a un fuerte incremento de sus ingresos vía impuestos o cotizaciones.”
Entre sus propuestas se encuentran:
- Vincular edad de jubilación a la esperanza de vida.
- Ampliar el periodo de cálculo de la base reguladora a toda la vida laboral.
- Adoptar un sistema que establezca una estrecha relación entre las pensiones y las aportaciones realizadas, capitalizadas de acuerdo con el crecimiento de la economía, como ocurre en los sistemas de reparto basados en cuentas nocionales.
- Vincular las pensiones mínimas al IPC, mientras que el resto de pensiones quedarían vinculadas a un nuevo índice de revalorización que tenga en cuenta la actividad económica.
Accede al estudio completo de Fedea, “¿Hacia una nueva reforma de las pensiones? Notas para el Pacto de Toledo”.
