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Jubilación   3 Nov 2025

Tres reformas de las Pensiones en los últimos 4 años: estas son todas las medidas aprobadas entre 2021 y 2025

Autor

Instituto BBVA de PENSIONES

Repasamos las principales medidas de reforma de las pensiones aprobadas en estos últimos 4 años, incluyendo la última reforma para mejora de la compatibilidad entre trabajo y pensión que entró en vigor en abril de 2025, y las de 2021 y 2023.

A continuación que enumeramos las principales medidas que han introducido esas reformas de 2021,2023 y 2025.

La reforma de las pensiones de 2021: Primer paquete de medidas

La reforma de 2021, introducida por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones , que entró en vigor el 1 de enero de 2022, y que, entre otras medidas, recogía las siguientes (ver en este artículo vinculado los detalles de ese conjunto de medidas):

  • La revalorización de las Pensiones en el IPC (IPC interanual medio de los 12 meses previos al mes de diciembre del ejercicio anterior).
  • Una serie de medidas destinadas a acercar la edad real de jubilación a la edad legal ordinaria, entre las que destacan la modificación de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y su aplicación sobre el importe de pensión teórica (en lugar de sobre la base reguladora como se hacía hasta entonces), así como los nuevos incentivos (bonificaciones) por la demora de la edad ordinaria de acceso a la jubilación.
  • Las limitaciones a la jubilación forzosa (no será posible antes de que el trabajador cumpla los 68 años, salvo excepciones).
  • Un nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que inicialmente consistía en una cotización adicional del 0,6% sobre la base de contingencias comunes, aplicable hasta el año 2032, sin generar derecho a pensión adicional, para financiar el Fondo de Reserva de las Pensiones (destinado a financiar los extra costes de la jubilación de la generación del baby boom), y del que en la siguiente reforma del año 2023 se incrementó su porcentaje y su plazo de aplicación.
  • Fuera del marco de la menciona Ley 21/2021, en otra Ley específica (La Ley 12/2022, de regulación para impulso de los planes de pensiones de empleo que modifico la Ley de planes y Fondos de Pensiones-RDL 12/2022), se aprobó un paquete de medidas para impulsar los planes de pensiones de empleo y el ahorro, complementario a las pensiones públicas, de los trabajadores en esos instrumentos ocupacionales. Entre esas medidas destacaban la regulación de los nuevos Fondos de Pensiones de Empleo de Promoción Pública (FPEPP)y la de los planes de pensiones de empleo simplificados (PPES) (con cuatro submodalidades, sectoriales, empleados públicos, autónomos, y socios de trabajo y socios trabajadores de sociedades cooperativas y laborales). Destacaba, en concreto, la creación de los planes de pensiones de empleo simplificados para trabajadores autónomos, colectivo que, por primera vez en la historia de nuestro pais, han podido empezar a ahorrar en planes de pensiones ocupacionales.

La reforma de las pensiones de 2023: Segundo paquete de medidas

La reforma de 2023, introducida por  Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones (véanse aquí las principales medidas), introdujo, entre otros cambios:

  • Un sistema dual para el cálculo de la base reguladora, en el que elegirá de oficio por la Seguridad Social la opción más favorable para el trabajador entre dos posibles ( los 25 últimos años, o los 29 últimos años quitando los dos peores), y que empezará aplicarse para las personas que accedan a la jubilación a partir de 2026.
  • El incremento (no simétrico entre ellas) de la base máxima de cotización (IPC más 1,2%, a partir de 2024) y de la pensión máxima de jubilación (IPC más 0,115%, a partir de 2025).
  • La aplicación de una cotización de solidaridad para las personas con salarios por encima de la base máxima de cotización, que no generará derechos de pensión adicional.
  • Como parte de este segundo paquete de medidas de reforma, y fuera del marco del mencionado RDL 2/2023 (que introdujo las anteriores medidas), se aprobó también, a través del Real Decreto-ley 13/2022, un nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, para ir progresivamente igualando sus bases de cotización con sus rendimientos netos de actividades económicas, introduciendo un sistema transitorio entre 2023 y 2032 con 15 tramos de rendimientos netos respecto a los que, en función de cuál fuese su estimación de rendimientos para cada ejercicio, cada trabajador autónomo se encuadraría en el tramo de rendimientos que le correspondiese, pudiendo elegir base de cotización entre una base mínima y una base máxima de su tramo de rendimientos. A partir de 2032, los autónomos deberán cotizar por una base igual a sus rendimientos netos de actividades económicas (o por la base máxima de cotización del sistema si aquellos fueran superiores a la misma.

La reforma de las pensiones de 2025: Tercer paquete de medidas

Tras el acuerdo de la Mesa de Diálogo Social de Septiembre de 2024, una parte importante de esta nueva Reforma entró en vigor el 1 de abril de 2025, y ha sido recogida en Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo.

El objetivo principal de este nuevo paquete de medidas ha sido mejorar la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo, con la finalidad de prolongar la vida laboral de forma voluntaria y adaptándose a las necesidades individuales.

Entre los principales cambios que se introducen se encuentran:

En materia de jubilación parcial:

  • la posibilidad de acceder a la jubilación parcial con contrato de relevo hasta 3 años antes de la edad legal la jubilación (en lugar de 2).
  • El trabajador relevista deba ser contratado indefinidamente y a tiempo completo en un puesto de trabajo no amortizable.
  • Podrán ser relevistas los fijos discontinuos
  • Se mejora el porcentaje máximo de reducción de jornada hasta un 75% (hasta entonces el máximo era un 50%).

En materia de jubilación activa:

  •  La eliminación del requisito de contar con una carrera laboral completa para acceder a la jubilación activa (en 2025, 36,5 años o más cotizados), pudiendo ahora acceder a la misma si se cuenta con el periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión de jubilación (15 años).
  • Tanto para trabajadores por cuenta ajena como para autónomos, se modifican y, en general, se empeoran los porcentajes a percibir, sobre el importe la pensión integra, en función del número de años de retraso, sobre la edad legal, en el acceso a esta modalidad de jubilación.
  • serán necesarios que transcurran 5 años desde el cumplimiento de la edad legal de jubilación para cobrar el 100% de pensión en situación de jubilación activa.

En materia de jubilación demorada:

  • En jubilación demorada, a partir del segundo año de retraso, el incremento del incentivo del porcentaje adicional de pensión, capital único adicional o incentivo mixto se hará por cada semestre transcurrido en lugar de cada año completo.

Para ver los detalles de las modificaciones habidas en materia de jubilación activa, jubilación parcial y demora de la edad de jubilación accede a este artículo vinculado.

Además, El Consejo de ministros aprobó en mayo de 2025 el Real decreto 402/2025, por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante la aplicación de coeficientes reductores (ver aquí los detalles de esta nueva regulación).

Esta nueva norma establece los supuestos para permitir anticipar la edad de jubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores en profesiones consideradas como peligrosas por mayor tasa de mortalidad o con más riesgo de sufrir una enfermedad profesional. Entre las principales medidas introducidas por el mismo destacan:

  • Indicadores específicos de morbilidad, mortalidad y siniestralidad para determinar la aplicación de los coeficientes reductores.
  • Incompatibilidad entre pensión con aplicación de coeficientes y continuar en el mismo puesto de trabajo
  • Revisión de los coeficientes reductores de la edad cada 10 años
  • Se incrementará la cotización a la Seguridad Social para estas profesiones que pueden adelantar edad de jubilación.
  • Fijación del procedimiento para solicitar el establecimiento de coeficientes reductores para la anticipación de la edad de jubilación y de Informes de morbilidad de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Finalmente, en la actualidad siguen abiertas las negociaciones entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISMM) y los Agentes Sociales (Sindicatos y patronal CEOE) para la reforma de la jubilación flexible, que ha venido a denominarse como “jubilación reversible”. En este artículo vinculado explicamos la propuesta del Gobierno de Reforma de la Jubilación Flexible.

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El Parlamento insta al Gobierno a eliminar las penalizaciones por jubilación anticipada para largas carreras de cotización

La petición de Asjubi40, que lleva más de 10 años luchando por ella,  es la de que no se apliquen coeficientes reductores a quienes tengan una carrera de cotización completa, es decir, más de 40 años cotizados, tanto en el caso de la jubilación anticipada voluntaria como en el caso de la jubilación anticipada involuntaria o forzosa. Esta petición afecta a más de 900.000 pensionistas con largas carreras laborales (más de 40 años cotizados). La anterior petición está basada en que no se considera justo ese tratamiento y la aplicación de penalizaciones tras muchos años de cotización (40 años son 3,5 años más más que los 36 años y 6 meses que en la actualidad dan derecho a aplicar un 100% sobre la base reguladora para determinar el importe de la pensión, en caso de jubilación a la edad legal). En la actualidad, en caso de jubilación anticipada, se aplican coeficientes reductores sobre el importe de la pensión teórica previamente calculada, que varían en función del número de meses de adelanto (hasta un máximo de 24 meses en el caso de la jubilación anticipada voluntaria y 48 meses en caso de jubilación anticipada involuntaria) y del periodo de cotización acumulado. Para aquellos con más de 40 años cotizados, el coeficiente máximo aplicado, en caso de jubilación anticipada voluntaria, aquel aplicado en caso de adelantar 24 meses la edad de jubilación, ascendería a: un 19% si estuviesen encuadrados en el tramo entre más de 38,5 años y menos de 41,5 años cotizados (es decir, en relación al caso tratado, si tuvieran entre 40 y 41,5 años cotizados), 17% si tuvieran más de 41,5 años de cotización y menos de 44,5 años,  y 13% en caso de contar con más de 44 años y 6 meses de cotización. Además, en el caso de la jubilación anticipada voluntaria, para aquellas personas cuya pensión teórica, una vez aplicados los coeficientes reductores,  supere el importe de pensión máxima, se está aplicando durante un periodo transitorio hasta 2033 unos coeficientes reductores sobre el importe de la pensión máxima (véanse aquí), en función del año de acceso a la jubilación y del periodo de cotización acumulado, siempre y cuando la reducción de pensión por la aplicación esos coeficientes se vea absorbida por la revalorización de la pensión máxima. Véanse aquí los actuales coeficientes reductores de la jubilación anticipada voluntaria y aquellos aplicados a la jubilación anticipada involuntaria o forzosa ¿Qué implica esta moción aprobada en el Congreso de los diputados? Esta moción aprobada en el Congreso, si bien legalmente no es de obligado cumplimiento para el Gobierno, tiene un impacto político, y posiblemente sea llevada de nuevo al Pacto de Toledo para evaluar su recomendación o no. La propuesta de moción aprobada ha sido presentada Podemos, y llega tras unas declaraciones de la ministra de Inclusión y Seguridad Social negándose a despenalizar la jubilación anticipada de las largas carreras. Ha salido adelante sin ningún voto en contra. Ha sido votada a favor por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria, UPN, Compromís. PP y Vox se han abstenido. Además, está pendiente el debate en el Congreso sobre una Proposición de Ley en el mismo sentido. Más Información Véanse aquí los requisitos de acceso y como se calcula la pensión por jubilación anticipada voluntaria Véanse aquí los requisitos de acceso y como se calcula la pensión por jubilación anticipada forzosa

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Requisitos para que los jubilados puedan trabajar sin estar dados de alta como autónomos

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de julio de 2025, ha ampliado la interpretación del artículo 213.4 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que regula la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo autónomo sin darse de alta en el RETA, siempre que los ingresos sean inferiores al SMI. El artículo 305 de la Ley General de la Seguridad Social establece que todos los trabajadores por cuenta propia que ejerzan una actividad de forma habitual deben darse de alta en el RETA. Sin embargo, el artículo 213.4 de esa LGSS establece una excepción a esa regla, contemplando la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia que se encuentran percibiendo la pensión de jubilación puedan continuar obteniendo ingresos por actividades económicas sin darse de alta, en el caso de trabajos puntuales que generan ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante el ejercicio.  El Tribunal Supremo ha suavizado esas condiciones para que los jubilados que cobran una pensión puedan trabajar como autónomos sin la obligación de darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Según la sentencia del alto Tribunal, los jubilados podrán compatibilizar su pensión con una actividad por cuenta propia sin cotizar al RETA, siempre que los ingresos netos de esa actividad no superen el SMI. Es decir, siempre que sus ingresos netos no superen los 16.576 euros anuales (en 2025). El fallo señala que “los ingresos anuales deben computarse conforme a los parámetros fijados por la legislación fiscal y en términos netos, es decir, excluyendo de los rendimientos íntegros los gastos deducibles”. Por tanto, para calcular si se supera o no el SMI se deben en cuenta los beneficios de la actividad, y no la facturación. Sobre la habitualidad Además, el Tribunal Supremo elimina el criterio de la habitualidad como elemento determinante para decidir si un jubilado debe o no darse de alta en el RETA. Según el Supremo, la literalidad de la norma no habla sobre establecimiento abierto, ni habitualidad. El único límite que existe, en estos casos, es el salario mínimo.  Mientras que los autónomos no jubilados están sujetos a este requisito (la habitualidad en el ejercicio de la actividad), los pensionistas que compatibilizan su pensión con un trabajo por cuenta propia solo deberán tener en cuenta que sus rendimientos netos no superen el SMI. Según el fallo, el encuadramiento y alta en el RETA del pensionista de jubilación no procede cuando perciba una pensión de jubilación contributiva y realice trabajos por cuenta propia con rendimientos netos inferiores al SMI. Además, cuando se da este caso, "no procede analizar la concurrencia o no del requisito de habitualidad”. Excepciones a la no obligación de alta La nueva jurisprudencia del Supremo no se aplica a todos los casos, quedando fuera los jubilados que acceden a la pensión de forma anticipada por trabajos penosos o peligrosos, así como los autónomos societarios (aquellos que realizan su actividad a través de una empresa de la que son socios o administradores). En ambos casos, la obligación de alta en el RETA sigue vigente con independencia del nivel de ingresos. En conclusión, la nueva sentencia del Tribunal Supremo permitirá a más pensionistas seguir prestando servicios como autónomo de forma puntual sin necesidad de cotizar a la Seguridad Social, al flexibilizar el límite de ingresos refiriéndolo a los rendimientos netos de actividades económicas y no a los ingresos brutos.

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Pensión de viudedad: ¿tienen derecho a la misma los divorciados y separados?

En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, concurriendo los requisitos generales en cada caso exigidos al causante, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que la persona beneficiaria de pensión no hubiera contraído nuevas nupcias o no hubiera constituido una pareja de hecho. Estos son los requisitos exigidos en relación con el causante de la pensión (la persona fallecida cuyo fallecimiento causa el derecho a pensión): Encontrarse en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha de su fallecimiento y haber completado un período de cotización de 500 días, dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión. En los supuestos en que esta se cause desde una situación de alta o de asimilada a la de alta sin obligación de cotizar, el período de cotización de 500 días deberá estar comprendido dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. Si la causa de la muerte fuera un accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, no se exigirá ningún período previo de cotización. También tendrá derecho a la pensión de viudedad el cónyuge superviviente, aunque el causante, a la fecha de fallecimiento, no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta, siempre que el mismo hubiera completado un período mínimo de cotización de 15 años. Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y esta quedase extinguida a la muerte del causante. De acuerdo con ese artículo 97 del CC, el cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia. Importe máximo de esa pensión de viudedad Si la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última. Tendrán derecho a pensión de viudedad las víctimas de violencia de género divorciadas o separadas, aunque no percibiesen pensión compensatoria En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento También, en defecto de sentencia, lo podrán acreditar a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho. ¿Qué derecho tiene la persona divorciada si, además, el causante tenía en el momento de su fallecimiento un cónyuge o pareja de hecho? Si, habiendo mediado divorcio, se produjera una concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, esta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 40% a favor del cónyuge superviviente o, en su caso, del que, sin ser cónyuge, conviviera con el causante en el momento del fallecimiento y resultara beneficiario de la pensión de viudedad como pareja de hecho (por cumplir los requisitos exigidos). ¿Existe derecho a la pensión de viudedad en caso de nulidad matrimonial? En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá al superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización a que se refiere el artículo 98 del Código Civil, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos que dan derecho a los supervivientes de la pareja de hecho a cobrar la pensión de viudedad. Según el artículo 98 del Código Civil “El cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido declarado nulo tendrá derecho a una indemnización si ha existido convivencia conyugal”. En caso de nulidad, la pensión de viudedad será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante, sin perjuicio de los límites que puedan resultar en el supuesto de concurrencia de varios beneficiarios.

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