¿Cuánto tendrían que subir las cotizaciones a la Seguridad Social para que las pensiones públicas fueran sostenibles?

Hacemos un ejercicio teórico para aproximar cuanto tendrían que subir porcentualmente las cotizaciones de trabajadores y empresarios a la Seguridad Social para que las pensiones públicas se financiasen solo con cotizaciones sociales, sin necesidad de trasferencias del Estado.

Para que las pensiones públicas en España se financiaran exclusivamente con cotizaciones sociales, eliminando la necesidad de transferencias del Estado, sería necesario un aumento sustancial de los tipos de cotización (situándolos en torno al 42%). Sin embargo, este esfuerzo adicional no se repartiría de forma equitativa entre los distintos tipos de cotizantes, afectando de manera diferente a trabajadores por cuenta ajena, autónomos y personas con salarios elevados.

Fedea estima en un Documento de enero de 2026 (con datos de 2024 y 2025) que el sistema de pensiones presenta un déficit contributivo estructural cercano al 2% del PIB (1,91%). Este déficit contributivo consiste en el desajuste entre los ingresos por cotizaciones y el gasto en pensiones contributivas.

A esta cifra habría que añadir la financiación de otros gastos del sistema que actualmente cubre el Estado, como las pensiones no contributivas, los complementos a las pensiones mínimas, y el gasto en el Régimen de clases pasivas.

Por tanto, el sistema de pensiones presenta dos niveles de déficit:

• Déficit contributivo. Es la diferencia entre los ingresos por cotizaciones y el gasto en prestaciones contributivas (jubilación, viudedad, etc.). Se estima que ronda el 1,91% del PIB.
  
• Déficit total. Para financiar el sistema en su conjunto. Sumando al déficit contributivo las pensiones no contributivas, los complementos a mínimos y el régimen de clases pasivas, las necesidades de financiación se elevan hasta el 4% del PIB.

Este desequilibrio financiero es debido a varias causas:

1. Envejecimiento demográfico. El aumento gradual de la esperanza de vida y la llegada progresiva de la generación del "baby boom" a la jubilación incrementan el número de pensionistas.
   
2. La baja natalidad en las últimas décadas, que reducirá el número de trabajadores cotizantes futuros.
   
3. El desequilibrio actuarial. Las prestaciones que se reciben, de media, por los pensionistas son muy superiores a las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral. Esto se refleja en el llamado Factor de Equidad Actuarial (FdEA), que con las proyecciones de crecimiento de la Comisión Europea se sitúa en 1,25. En cambio, según datos del Instituto de Actuarios Españoles (IAE), el Factor de Equidad Actuarial promedio ponderado se sitúa en 1,62 (es decir, lo que los ciudadanos reciben como pensión es un 62% superior a sus cotizaciones reales a lo largo de su carrera laboral). Según el IAE

Para que el FdEA fuera 1 (es decir, que la prestación fuera exactamente equivalente a lo cotizado), el crecimiento económico futuro debería ser del 3,2% anual, una cifra notablemente superior a la estimada.

Las reformas de las pensiones de 2021 y 2023 introdujeron y posteriormente extendieron el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que implica un aumento progresivo de los tipos de cotización hasta alcanzar el 1,2% adicionales en 2029, sin que esa cotización adicional por el MEI suponga derechos adicionales de pensión.

El objetivo del MEI es dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, con el que afrontar el incremento del gasto en pensiones que empieza a suponer la jubilación de la generación del baby boom (los nacidos entre 1958 y 1978).

La reforma incluyó una "cláusula de salvaguarda" que establece que, si a partir de 2033 se apreciara en los Informes de Envejecimiento de la Comisión Europea (Ageing Report) una desviación de la previsión del gasto en pensiones en 2050 respecto al informe de 2024 (es decir, si el gasto en pensiones superase el 15% del PIB), se utilizará este Fondo de reserva de la Seguridad Social, con un límite de disposición anual del mismo del 0,2% del PIB.

Si la disposición de recursos del Fondo de Reserva no fuera suficiente, la cláusula establece que el Gobierno negociará con los agentes sociales (sindicatos y patronal), para su traslado al Pacto de Toledo, una propuesta que se dirija bien a aplicar nuevas subidas de cotizaciones u buscar otras fuentes de ingresos adicionales, o bien a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, para evitar que el déficit se descontrole.

Las medidas ya aprobadas de incremento de ingresos, como el MEI, suponen un incremento de ingresos de poco más de una décima del PIB, insuficiente para cerrar la brecha.

Déficit contributivo de la Seguridad Social

En 2025, el déficit contributivo del sistema se situó en 54.261 millones de euros anuales (fuente: Fedea). Como hemos comentado, el déficit total se acerca del 4% del PIB. Ello a pesar de que los ingresos por cotizaciones marcaron un récord de 176.918 millones de euros en 2025, un 6,9% más que el año anterior.

El gasto en pensiones contributivas en 2025 alcanzó los 182.526 millones de euros, un 5,7% más que en 2024. Como resultado, el sistema necesita un apoyo creciente del Estado a través de transferencias, que en 2025 ascendieron a 52.990 millones de euros (un 10,1% más que en 2024).

Las proyecciones de la AIReF apuntan a que el déficit global de la Seguridad Social (no solo el contributivo) se reducirá ligeramente hasta el 0,2% del PIB en 2026 y al 0,1% entre 2027 y 2029, pero volverá a deteriorarse a partir de 2030 debido al envejecimiento de la población y al consiguiente aumento del gasto en pensiones.

La AIReF también advierte de que, para cubrir el aumento del gasto en pensiones previsto (que alcanzará el 16,4% del PIB en 2050), las transferencias del Estado deberán incrementarse en 2,3 puntos adicionales, hasta situarse en el 3% del PIB.

Incremento de cotizaciones sociales que sería necesario para alcanzar déficit 0

El incremento necesario sería, como mínimo, el suficiente para obtener recursos adicionales para cubrir el déficit contributivo del 2% del PIB. La cifra final dependería de la evolución demográfica y económica, así como de las decisiones políticas sobre el alcance de la financiación (si solo cubre las pensiones contributivas o si también incluye el resto de las prestaciones).

Para lograr que el sistema de pensiones fuera financiado en un 100% con cotizaciones, sería necesario un aumento drástico de la presión contributiva:

• Para los trabajadores por cuenta ajena, el tipo total por contingencias comunes, que actualmente es del 28,3%, debería aumentar en un porcentaje muy notable, superando probablemente el 40%. Este coste recaería en parte sobre las empresas (lo que supondría un muy negativo impacto en el empleo, en los salarios, en los costes laborales y en la competitividad de las empresas españolas), y en parte sobre los trabajadores.
  
  Si el déficit total se tradujera en un incremento proporcional del tipo de cotización, un aumento necesario podría situarse en el entorno del +14% del tipo actual. Esto elevaría el tipo total por contingencias comunes a más del 42%, repartido entre empresa y trabajador. A este nuevo tipo, habría que añadir el MEI (en 2026, 0,90%). El incremento exacto dependería de cómo se distribuyera la carga y de la evolución de la masa salarial.

• Para los autónomos, el impacto sería aún más intenso. Sería un doble esfuerzo, ya que deberían hacer frente a una subida de los tipos de cotización y, simultáneamente, a un incremento sustancial de sus bases de cotización, eliminando los actuales márgenes transitorios (hasta 2032) para cotizar por bases por debajo de los rendimientos netos reales.

El aumento de las bases de cotización sería especialmente relevante para los autónomos con mayores ingresos, en especial aquellos que actualmente cotizan por bases reducidas (por ejemplo, por las bases mínimas de su tramo). La base máxima de cotización del RETA (aplicable como opción a los tramos 11 y 12 de la tabla general de autónomos) es igual a la del Régimen General (5.101,20€ anuales), pero para alcanzar la sostenibilidad financiera, los distintos tramos de cotización (salvo los 3 de la tabla reducida) también deberían ver incrementadas sus bases mínimas, acercándolas más a sus rendimientos netos efectivos.

Este doble esfuerzo haría que su carga fiscal creciera muy por encima de la de los asalariados.